La decisión de la CSJ responde al "habeas corpus" reparador presentado por sus abogados, Raúl Caballero y Jorge Bogarín, al conocer que otra de las acusadas, Lucía Agüero, fue puesta en libertad la semana pasada.

Además, la CSJ entiende que las dos mujeres ya han cumplido los seis años de privación de libertad a los que fueron condenadas, buena parte de ellos bajo arresto domiciliario y prisión preventiva.

María Fani Olmedo y Dolores López fueron dos de las once personas acusadas y condenadas en julio de 2016 por la matanza de Curuguaty, ocurrida en junio de 2012.

El tribunal impuso penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los once acusados, de los que cuatro aún permanecen en prisión.

La decisión de la CSJ se suma a la adoptada la semana pasada en la que dispuso la liberación de Lucía Agüero, en respuesta al "habeas corpus" reparador presentado por su abogado.

Además, coincidía con el cumplimiento total de la condena impuesta, seis años de privación de libertad, que Agüero pasó bajo arresto domiciliario tras declararse en huelga de hambre en la prisión en la que estaba recluida.

El caso Curuguaty se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron 11 campesinos y 6 policías, pero la Fiscalía no investigó las muertes de los labriegos.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

EFE