Según informó el Tribunal Supremo, la Sala considera "suficientemente razonable calificar los hechos como delito de rebelión porque existió un alzamiento con un uso torticero del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley".

De los quince procesamientos confirmados, trece –la mayoría antiguos integrantes del Gobierno catalán responsable del referéndum– incluyen la calificación de delitos de rebelión.

En este sentido la Sala da por constatada la existencia de "actos de violencia" encaminados conseguir a "la celebración de un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional" como paso "previo e imprescindible" para proceder finalmente a una "declaración unilateral de independencia".

El auto justifica la calificación de los hechos como un delito de rebelión –que según el Código Penal implica la existencia de elementos violentos– argumentando que, ante la imposibilidad de conseguir sus objetivos políticos mediante la negociación con el Estado, los líderes independentistas planearon "la movilización popular" y el "enfrentamiento físico" contra los agentes del Estado "para obligar a este a claudicar" y "aceptar" la independencia de Cataluña.

Según los magistrados, aunque el término rebelión evoque levantamientos militares, el Código Penal solo hace referencia al mismo como un "alzamiento público y violento", por lo que "cabe una rebelión sin armas".

El auto sitúa a esos presuntos actos de violencia en las protestas del 20 de septiembre en Barcelona y en la celebración del referéndum del 1 de octubre, cuando a su modo de ver los manifestantes y los votantes, alentados por los dirigentes independentistas, ejercieron "violencia" o "amenaza de violencia inmediata" contra los agentes que cumplían órdenes judiciales para detener el referéndum.

"Los ciudadanos pueden manifestarse en defensa de un determinado proyecto político en ejercicio de su libertad de expresión pero no pueden alzarse pública y tumultuariamente con la finalidad de impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes", comunicó el Tribunal Supremo.

Además, la Sala considera que existen "indicios racionales" para entender que los dirigentes independentistas cometieron delitos de malversación porque hubo "un sistema de engaño" que ocultaba dinero para dedicarlo a financiar el referéndum de autodeterminación que el Gobierno catalán convocó el pasado 1 de octubre.

Finalmente, el Tribunal rechaza la persecución política alegada por los recurrentes y reitera que "en este caso se persigue a quienes han asaltado la ley por la vía de los hechos".

De esta manera, la sala de lo Penal desestimó los recursos de apelación presentados por 15 políticos independentistas y el procesamiento de estas personas pasa a ser firme.

Los políticos procesados por delitos de rebelión y malversación –que afrontan la posibilidad de penas de más de 30 años de cárcel– son en su mayoría integrantes del Gobierno catalán responsable del referéndum del 1 de octubre.

En concreto, las personas procesadas por rebelión son Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa),la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, la secretaria general del partido ERC, Marta Rovira, y los líderes activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

A nueve de ellos también se les atribuye delitos de malversación, mientras que el procesamiento por delitos de desobediencia hace referencia a miembros de la Mesa del Parlamento que, desoyendo al Tribunal Constitucional, permitieron la celebración de debates y votaciones relacionadas con el proceso independentista. (Sputnik)