"Llegamos al día de las elecciones con una sociedad civil muy dolida y muy enojada, con un clara idea de que la corrupción nos hace un daño irreparable al país", por el saqueo de los fondos públicos y la falta de transparencia de los gobernantes, expresó el director general de Comunicaciones de MCCI.

La organización independiente, que cuenta con respaldo de líderes empresariales determinados a combatir ese flagelo desde la sociedad civil, realizó cruciales investigaciones en los últimos años que documentaron los escándalos de corrupción de gobernantes provinciales, de ministros del poder Ejecutivo que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y, sobre todo, de la trama de sobornos pagados por la constructora Odebrecht, que permanece impune hasta la fecha.

"Todo México está muy unido en torno a la convicción de que la corrupción y la violencia impunes son los dos grandes males que afectan a la sociedad", señala el experto, posgraduado en Derecho Internacional por la Universidad de Ámsterdam.

La indignación por los sobornos, peculados, y desfalcos sin castigo en los seis años del mandato que está por terminar, apunta, "para comenzar, al presidente, a los gobernadores salientes, a líderes de la clase política; y también a los candidatos presidenciales que parecen reprobados por el lugar que otorgaron al tema en sus campañas", sostuvo Ramírez.

El director de MCCI dijo además que las estrategias de combate a la corrupción y las ideas que presentaron los candidatos presidenciales para enfrentar ese agudo problema, "fuero muy vagas, superfluas y no respondieron a la expectativa de que se necesita una clara voluntad política para combatirla".

Una revisión de las propuestas lleva al experto a concluir que los candidatos "cayeron en lugares comunes, y los detalles precisos de las política que podrían implementar son inexistentes".

La impresión más nítida entre los electores es que todos los partidos que compiten en las elecciones tienen o han tenido bajo su control gobiernos federales, estatales o municipales.

"Las promesas de que cambiarán cuando lleguen a la presidencia, que harán las cosas que prometen, se derrumba ante los hechos, porque no lo han realizado antes, cuando lo debieron hacer", puntualizó.

ACCIONES INCUMPLIDAS

Durante las campañas los candidatos expresaron "muchas palabras fáciles", pero ninguno se detuvo en las acciones necesarias para acabar con un problema que las cifras más modestas estiman en 25.000 millones de dólares anuales del presupuesto gubernamental.

"Ninguno explicó cómo activar la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría federal de Hacienda, o cómo cerrar el flujo de dinero sucio del crimen organizado", que suma decenas de miles de millones de dólares dentro y fuera de los circuitos bancarios señala es especialista en temas de transparencia, dijo Ramírez.

Un punto ausente en las campañas fue qué hacer para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyas leyes fueron aprobadas por el Congreso en 2016, pero sigue acéfala hasta la fecha la fiscalía anticorrupción, destacó.

"Ninguno de los candidatos ha sido tajante en respaldar el SNA, y la primera acción esperada del próximo presidente sería reforzar ese sistema nacional para combatir ese vicio, para no comenzar de cero sino consolidar lo que se ha logrado con mucho trabajo", dijo Ramírez al referirse a un proceso legislativo en el que participaron organizaciones civiles como MCCI.

Una segunda acción concreta que espera la ciudadanía estaría dirigida a "consolidar el sistema de procuración de justicia, que sea autónoma de los vaivenes políticos del presidente en turno, y que la justicia debe dejar de estar supeditada a la política".

Ese reclamo exige una transformación profunda del sistema judicial, que solo es posible con una reforma constitucional para crear una fiscalía que sea autónoma del Poder Ejecutivo, acuerdo que nunca se logró durante el mandato presidencial y el legislativo que terminan.

En tercer lugar, Ramírez plantea que es necesario un mensaje claro mediante el "castigo a los casos más emblemáticos de corrupción, para dar un golpe de timón, que no sea un borrón y cuenta nueva, pero sin venganzas políticas".

Los caso de los exgobernadores, encarcelados o prófugos, las opacidades en las obras de la cartera de Comunicaciones y Transportes, la corrupción en el Gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, deberían castigarse en forma ejemplar, observó.

Finalmente, el especialista se refirió a las reservas que ha expresado el puntero en las encuestas, el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, hacia el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que le generan "desconfianza".

El portavoz de MCCI expone que a las organizaciones de la sociedad civil les preocupa la insistencia del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en que el próximo fiscal general será seleccionado de una terna de personas que él mismo enviaría al Congreso.

"Esas ideas son resabios del viejo sistema político, en donde el presidente se cree inmaculado para poder designar a esos fiscales generales o anticorrupción", en vez de alejarse de ese proceso y dejarlo en manos del Congreso, con participación de la sociedad civil, lamentó Ramírez.

Si no ocurre una reforma constitucional para una fiscalía autónoma, esos mecanismos permitirían al próximo mandatario recomendar a tres figuras de su entorno para que el Congreso nombre a un nuevo fiscal.

"A pesar de que designe a personas doctas y probas de su entorno, ese procedimiento entraña una idea de continuismo, como ocurre con López Obrador, que prefiere ese mecanismo de ternas designadas por el presidente en vez de dar señales hacia la plena autonomía de la justicia", puntualizó el director de MCCI.

La procuración de justicia en un sistema presidencial es "un arma de ataque efectiva", que a ningún mandatario le resultará fácil ceder, reconoció.

"Pero tener control de la procuración de justicia por parte de la clase política ha costado un precio muy alto para la sociedad, y ha resultado en grosera impunidad, como lo demuestra el caso de Odebrecht", continuó Ramírez.

MCCI descubrió en los expedientes de la fiscalía de Brasil que los sobornos de esa constructora brasileña habrían llegado a la campaña presidencial de Peña Nieto a través de su responsable de relaciones internacionales, Emilio Lozoya, a quien nombró titular de la estatal Petróleos Mexicanos el primer día de su mandato.

La investigación judicial sobre este asunto está paralizada hasta el día de los comicios.

El informe de Transparencia Internacional de 2012 calificaba a México con 34 puntos, lo que ubicaba a la nación norteamericana en el lugar 105 de 180 países evaluados.

En 2018 el país latinoamericano bajó otros cinco puntos, a 29 unidades, y fue relegado al lugar 135.

Como resultado, México es el país peor evaluado de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (Sputnik)