Se trata de Makbel Grau Rodríguez y Julio Francisco Orta Mateo, presuntos autores de delitos de violencia física, atropellos, abusos y represión, indicó en una rueda de prensa Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la FHRC.

Blanco precisó que la fundación que dirige ha entregado ya los "expedientes" y declaraciones juradas notariales a las autoridades federales y que una unidad integrada por agencias gubernamentales investiga ya las dos denuncias.

Rodríguez y Orta, residentes en el norte de Florida, "podrían ir a prisión" si se demuestra que "mintieron" a las autoridades migratorias estadounidenses al solicitar sus visados y permisos de residencia, resaltó Blanco.

No obstante, el activista aseguró que el "objetivo estratégico" de su organización es, "antes que encausar a nadie en este momento", crear un efecto "disuasorio" en los represores cubanos, para que comprendan -dijo- que "sus acciones van a tener consecuencias" con probables investigaciones y hasta procesos judiciales.

La función de FHRC, precisó, consiste en trasladar las denuncias con declaración jurada de las supuestas víctimas de la represión castrista ante una unidad especial, con sede en Washington, integrada por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La FHRC puntualizó que no se trata de una "caza de brujas", sino de una iniciativa en favor de los derechos humanos en la isla con un propósito: que los funcionarios de la "máquina represiva" rehuyan convertirse en "cómplices de abusos y violencia" contra sus compatriotas cuyo "único delito es pensar o expresarse de manera diferente al Estado".

En la conferencia, Blanco y Pedro L. Rodríguez, director de la junta de la FHRC, mostraron imágenes de las declaraciones juradas de las víctimas y varias fotografía de los dos presuntos represores extraídas de las redes sociales, aunque declinaron precisar en qué localidad del estado de Florida residen ambos.

En la denuncia contra Julio Francisco Orta Mateo, expolicía y exagente de la contrainteligencia, las víctimas sostienen que "era incluso temido por la propia Policía", porque era el "clásico agente abusador, corrupto y acosador sexual" que "actuaba con total impunidad".

Acusan además a Orta, que vive en Florida desde hace más de cinco años y podría tener la ciudadanía estadounidense, de haber disparado en una pierna a un joven en un club, dijo Blanco.

En el caso de Grau Rodríguez, también expolicía, este es acusado de presuntamente "golpear en los calabozos a los presos" y de golpear y arrastrar por el suelo a miembros de una familia en una detención.

Blanco apuntó que en el curso de un año la FHRC ha recibido trece acusaciones, de las que cuatro han sido ya entregadas a las autoridades federales estadounidenses, que "las han aceptado para proceder a investigarlas".

En ese contexto, recordó que dicha unidad del ICE investiga a "posibles represores y criminales de guerra extranjeros" radicados en EE.UU. y que este organismo federal "se ha venido comunicando" con la FHRC.

De manera que estos dos casos de represión denunciados "se han abierto ya y las autoridades federales los investigan".

En cuanto a la posibilidad de que los dos presuntos represores abandonen el país al tener conocimiento de la investigación, Blanco se mostró tranquilo, ya que, dijo, "escaparse o evadirse" a Cuba trasladaría el "mensaje de efecto disuasorio" de que los delitos de represión no quedarán impunes en Estados Unidos.

La FHRC creó en 2017 una base de datos de represores cubanos que es compartida con Gobiernos, especialmente el de Estados Unidos.

Esta base de datos incluye fotos, vídeos, nombres de supuestos opresores e información que es ampliada a través de organizaciones del exilio en Miami y de la oposición en Cuba, así como de particulares que quieran aportar pruebas. EFE