Los sistemas hiperpresidencialistas en América Latina y el Caribe, y la doctrina que inhibe a los Estados de la región de inmiscuirse en los asuntos internos de sus vecinos, les guardan bien las espaldas a los jefes de Gobierno del subcontinente. 

Ellos se solidarizan de inmediato con sus homólogos cuando éstos son removidos inconstitucionalmente de sus cargos, pero tardan en actuar cuando uno de los suyos rompe las reglas del juego en casa; todos temen ser objeto de intentonas golpistas o de la censura de sus pares. Las disrupciones del orden establecido no suelen ser castigadas en nombre de la democracia, sino en defensa exclusiva del Poder Ejecutivo, lamentan expertos alemanes al ser consultados sobre la situación al otro lado del Atlántico.

Lo que pasa con los presidentes cuando expiran sus mandatos es una historia completamente diferente. Algunos se arman de coraje y denuncian los desmanes cuando los ven porque no tienen nada que perder. Otros redescubren su vulnerabilidad; que lo diga Rafael Correa, otrora "hombre fuerte" de Ecuador (2007-2017), quien aspiraba a una breve pausa tras diez años de Gobierno y ahora es buscado por la Justicia de su país, imputado por un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Sus compatriotas se dividen entre los que ven motivos suficientes para llevar a Correa a los tribunales y los que perciben la acusación en su contra como una treta para inhabilitarlo políticamente. Sucesos y debates similares tienen lugar también en otras naciones.

Activismo en las cortes

"En los últimos años, las cortes latinoamericanas han exhibido una suerte de activismo político a la hora de investigar los señalamientos de corrupción u otra índole contra exmandatarios; es necesario cerciorarse de que actúen con transparencia, imparcialidad e independencia", comenta Sofía Vera, especialista en corrupción y sistemas de partidos del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA). "Me gustaría poder decir que los tribunales latinoamericanos están impartiendo justicia y poniéndole coto al poder político. Pero las evidencias a la mano nos exigen ser cautos en el diagnóstico que ofrecemos; la respuesta no es simple", arguye por su parte Juan Ferrero, profesor de Política Latinoamericana en la Universid de Bath, Gran Bretaña.

"Podríamos hablar de sistemas judiciales imparciales si en Brasil no sólo se hubiera procesado al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), sino también al presidente en ejercicio, Michel Temer, o si en Argentina no solamente se hubiera investigado a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), sino también, por ejemplo, a funcionarios cercanos al presidente Mauricio Macri acusados de lavar dinero, como el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Pero ese no ha sido el caso. Lo que vemos repetirse es un patrón unidireccional en la selección de los juicios que se abren en las cortes. A las causas contra Lula y Fernández de Kirchner se suma ahora la que se pretende iniciar contra Correa", explica Ferrero.

"Persecución política"

"Lula, Fernández de Kirchner y Correa siguen siendo líderes electoralmente competitivos. Esto obliga a preguntar cuál es el objetivo de los procesos en su contra. En Brasil, Argentina y Ecuador, el nuevo establishment está instrumentalizando la Justicia para neutralizar a la oposición; se intenta desacreditar a toda fuerza de carácter progresista, manchando su historial y presentándola como particularmente susceptible de ser corrompida", sostiene el catedrático de Bath. Por otro lado, agrega, en esos países se procura aglutinar a las fuerzas de derecha y centroderecha, exponiéndolas a una "agenda moral" que convierte a la izquierda en su chivo expiatorio y distrayendo su atención de las medidas de austeridad aplicadas por los nuevos Ejecutivos.

Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín, disiente. "Yo no descarto que haya intereses políticos en juego tras las querellas contra Lula, Fernández de Kirchner y Correa; sabemos que la búsqueda de autonomía del sistema judicial es un proceso lento en muchas naciones latinoamericanas. Pero, si el voto popular alejó del poder a varios presidentes, si las investigaciones judiciales revelan que más de un mandatario estuvo involucrado en actos de corrupción, si siempre nos quejamos de la impunidad que beneficia a los peces gordos, ¿por qué hablar de ‘persecución política’ cuando, por fin, exjefes de Gobierno están siendo enjuiciados o son objeto de averiguaciones?", esgrime el investigador en entrevista con Deutsche Welle.

Amago de justicia

Por sí sola, la magnitud del "caso Odebrecht" hizo evidente las flaquezas, por no decir el grado de corruptibilidad, de los Ejecutivos latinoamericanos, añade Maihold. "Lo que hizo esa empresa constructora brasileña mientras apuntalaba la política exterior de Lula fue aplicar un modelo de negocios seductor en toda la región. Economía y política iban de la mano. Con la generalización del enriquecimiento ilícito que hemos visto en las alturas del poder, ¿por qué habría de extrañar que un puñado de expresidentes sean llevados a comparecer ante una corte?", argumenta el politólogo de Berlín. A ojos de Ferrero, el problema es otro: ¿se está armando un espectáculo con los exmandatarios sólo para crear la impresión de que se hace justicia?

De todos los sistemas judiciales al sur del Río Bravo, sólo el de Chile le arranca discretas loas a Ferrero. Maihold no mete las manos en el fuego por ninguno. "Es que los sistemas judiciales no son homogéneos. En cada país latinoamericano lo que encontramos son archipiélagos de Justicia, magistrados puntuales que están dispuestos a hacer su trabajo cabal e independientemente, a pesar de los peligros que eso entraña. Existen núcleos de autonomía, ejemplos contados de disposición personal para el riesgo y para enfrentarse al poder político. Pero esas excepciones no son suficientes para aseverar que los sistemas judiciales de la región han cambiado dramáticamente; éstos tienen una larga lista de tareas pendientes para modernizarse", sentencia Maihold.