El juez federal de San Diego, estado de California, Dana Sabraw fue rotundo al decir al Gobierno que los plazos que había impuesto estaban para ser cumplidos, pero aun así la administración Trump sólo se había comprometido a liberar a una treintena de menores de 5 años antes de que se cumpliesen las dos semanas que les había dado. 

Hasta mediodía del miércoles, aún no se han presentado cifras oficiales que detallen cuántos menores regresaron con sus padres antes del vencimiento del plazo y fueron puestos en libertad con un grillete electrónico. 

En un documento judicial presentado a primera hora de este martes, el Departamento de Justicia explicó que había entregado a cuatro menores y que había otros 34 casos más que tenía previsto devolver a sus padres ese mismo día. 

Para ampliar dicho número, el Gobierno dijo que esperaba ayer los resultados de pruebas de ADN de menores y padres. 

Pero los 38 niños que dijo que podría liberar distan mucho del centenar de casos que el juez ordenó que se resolviesen para ayer -de los cuales, 75 eran elegibles para ello-, por lo que el Gobierno le deberá presentar un informe este jueves con los motivos y el tiempo que requerirá para hacer lo propio con el grupo restante. 

De nuevo, el juez ha citado en corte a ambas partes este viernes e insinuó que estas audiencias serán frecuentes hasta que todos los niños elegibles sean reunificados con sus padres. 

Por tal motivo, los demandantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), temen se repita la situación con el plazo del día 26, cuando deben entregar a entre 2.000 y 3.000 menores separados de sus familias como parte de su política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal iniciada en abril pasado. 

Y todo pese a que Sabraw enfatizó que las fechas son "plazos firmes" y no "metas aspiracionales" para así acabar cuanto antes con esta medida que fue retirada en junio pasado por Trump tras unas enormes críticas que le obligaron a suavizar su tan cacareada "tolerancia cero" y dejar que padres e hijos permanezcan juntos. 

"El juez no quiere juegos con estas fechas", subrayó a Efe Bardis Vakili, abogado de la ACLU en San Diego. "El 26 (de julio) es la fecha y el Gobierno necesita trabajar para respetarla". 

Por lo pronto, y en base a lo visto con el grupo de los más pequeños, el juez ha solicitado al Gobierno federal que entregue una lista en la que identifique a todos los niños entre 5 y 18 años que podrían beneficiarse por la demanda colectiva presentada por ACLU. 

Vakili reconoció que, al igual que pasó con los menores de 5 años, puede haber algunas excepciones en el grupo de los mayores de esa edad, como en los casos en los que los padres ya han sido deportados, que demorarán más en ver a sus hijos. 

Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes para ACLU, reiteró que esta demanda evidenció cómo la Administración Trump separó a miles de familias sin tener previsto un proceso de reunificación.

Los abogados indicaron además que fue a raíz de que el juez dejó entrever el pasado viernes que no prorrogaría los plazos que se empezó a ver "un progreso" en el Gobierno, aunque insuficiente y tardío para cumplir con los tiempos establecidos para acabar con una medida que el magistrado ha calificado de "brutal y ofensiva". EFE