Entre el viernes y la madrugada del sábado pasado otros dos jóvenes murieron a balazos cuando junto a otros 200, entre los que había algunos periodistas, quedaron encerrados dentro de una iglesia católica de Managua. La mayoría eran estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan).

Una joven estudiante de derecho dijo a una corresponsal de la BBC, que también se encontraba dentro de la iglesia, "yo no me dejo agarrar viva, yo ya sé qué es las torturas que ellos aplican". En abril la habían detenido efectivos policiales y la torturaron arrancándole las uñas de los pies, abandonándola luego en un alejado lugar a orillas del lago de Managua.  

Entre sábado y domingo otras 10 personas murieron  en diferentes protestas organizadas en Masaya y León, dos ciudades que habían sido baluartes sandinistas.

Voces de todo el mundo se hacen oir en protesta contra los asesinatos y las detenciones masivas.

En nuestro país, y a propuesta del senador Pablo Mieres (PI), se discutirá en el senado una declaración de repudio. Mientras tanto circula una carta que ha recogido la firma de muchos uruguayos y extranjeros. Belela Herrera, Mariano Arana, María Julia Muñoz y varios senadores, entre otros, han firmado la misiva, cuyo texto reproducimos.

"Supongamos que la reforma previsional que impulsó Ortega era justa (y no regresiva) y que los que manifestaban en su contra estaban equivocados…

Supongamos que no hubo omisión ni negligencia en sofocar el incendio que terminó con parte del corazón de la Reserva Biológica Indio Maíz y que los que denunciaron y protestaron por esto estaban equivocados…

Supongamos que los sacerdotes católicos que auxilian, conversan y apoyan a los jóvenes activistas son más conservadores y pro imperialistas que el recientemente fallecido Cardenal Obando y Bravo, que se opuso al primer gobierno del FSLN y que apoyó a la contrarrevolución (instigada, respaldada y financiada por Reagan y el escandaloso Irangate), pero que en 2016 fue declarado por Ortega "Prócer de la Paz y la Reconciliación"…

Supongamos que todos los organismos de derechos humanos –gubernamentales y no gubernamentales, nicaragüenses y extranjeros– se hayan convertido unánime y simultáneamente en marionetas del imperialismo y la reacción, sesgando sus informes para desprestigiar al gobierno y que los que reclaman su intervención y divulgan sus informes están equivocados…

Supongamos que la mayor parte del cerno del FSLN de la Revolución del 79 (Henry Ruiz, Mónica Baltodano, Dora Ma. Téllez, Sergio Ramírez, Luis Carrión, Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, etc.) se hallen en estado de confusión o de vileza extrema e induzcan al pueblo a cometer errores y que miles los sigan…

Supongamos que el imperialismo yanqui tiene la capacidad de orquestar, tras 11 años de gobierno de Ortega (con control total de las fuerzas coercitivas del Estado, con dominio de gran parte de la prensa y de los aparatos de las organizaciones de masas), una maniobra desestabilizadora de tal magnitud que hace que miles se lancen a las calles arriesgando sus vidas…

Supongamos, entonces, que estamos frente a una espectacular maniobra desestabilizadora contra un gobierno defensor del pueblo, revolucionario y antiimperialista, que logra que miles de alienados, digitados por el imperio y la burguesía, salgan –estúpidamente- a protestar, inermes, arriesgando que los maten a ellos y sus familias para apenas arañar a las fuerzas gubernamentales. En síntesis: miles de pobres (en Nicaragua la mayoría de la población lo es) digitados, confundidos, dispuestos a morir…

Entonces, si todos estos supuestos fueran verdad, ¿qué debería hacer el gobierno con estos manifestantes? ¿Su no razón es razón para dispararles al boleo, encarcelarlos e interrogarlos bajo tortura, herirlos, matarlos?

Y nosotros, aquellos que siempre pensamos que los gobiernos tienen el deber de que sus Estados cumplan con la obligación de garantizar los derechos de las personas, empezando por la vida y la libertad, los que venimos trabajando por eso, dentro y fuera de fronteras hasta ahora, ¿qué hacemos?

¿Decimos que el gobierno y el Estado de Nicaragua tienen menos obligaciones que los de nuestros países?

¿Decimos que los más de doscientos muertos –los habidos en estos dos meses– son menos valiosos que los nuestros? ¿Que los nuestros no debían morir porque tenían razón y estos sí porque estaban equivocados?

¿Nos hacemos los distraídos?

¿Repetimos el argumento de que se prestaron –consciente o Inconscientemente –para desestabilizar un gobierno revolucionario y que entonces…? [–¿Entonces qué?, terminemos la frase por favor. Entonces… ¿se lo buscaron?… ¿se lo merecen?...]

Nosotros, los que nos oponemos a la pena de muerte aun para el peor delincuente, ¿la aceptamos contra los manifestantes?, ¿acaso la sospecha de que haya fuerzas políticas nicaragüenses de derecha que con total oportunismo pretendan manipular y dirigir las protestas nos inhibe para solidarizarnos con las víctimas?

Muchos nicaragüenses nos hablan y escriben informándonos, pidiéndonos solidaridad, apelan a nuestra sensibilidad de demócratas, progresistas, defensores de los derechos humanos y/o izquierdistas… ¿no les contestamos?, ¿no vamos a hacer una gestión, un gesto público?

¿Es que todavía no comprendimos que no se trata de dirimir si los manifestantes tienen o no razón, sino de defender sus derechos y libertades fundamentales? Nadie nos pide que opinemos sobre la política interna nicaragüense, nos piden que ayudemos a evitar que se siga enlutando Nicaragua con la sangre de los que desde los más remotos pueblitos a las ciudades, desarmados, luchan en las calles. Nos piden que, de una vez por todas, seamos capaces de exigir que cese la represión, que se ponga fin al accionar terrorista del Estado.

Nos recuerdan, sin decirlo, que la defensa de los enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos no tiene fronteras.

Nos resuena la canción de Zitarrosa, poniendo una de sus líneas en plural:

Qué pena que no nos duela el dolor".