Brasil: bloquean bienes al alcalde de Río y le impiden actuar a favor de evangélicos
El edil se hizo famoso por intentar impedir que se desarrollara el Carnaval el presente año.
Desde la semana pasada que el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, ha sido blanco de la justicia, que lo investiga por utilizar su cargo para realizar favores, por los que estuvo a punto de iniciarse un juicio político para destituido.
Finalmente, la Justicia de Brasil bloqueó hoy unos 815 mil dólares de las cuentas del alcalde de Río, Marcelo Crivella, por supuesta gestión indebida cuando era ministro. Casi en paralelo, un juez de Río determinó 12 restricciones impuestas al alcalde Crivella que le impiden desde ahora favorecer a los evangélicos. Brasil confirma el desplome del PT
Los antecedentes recabados en contra de Crivella, establecen que mientras fue ministro de Pesca, entre 2012 y 2014, supuestamente rubricó un contrato para la instalación y sustitución de vidrios, puertas de vidrios, espejos y suelos del Ministerio con un sobreprecio de alrededor 411.000 reales, unos 106.000 dólares. Al respecto, el juez federal Renato Borelli, afirmó que, Crivella "no adoptó las medidas necesarias para garantizar que el precio estimado de la contratación estuviera en conformidad con los valores" del mercado.
En paralelo, el juez Rafael Cavalcanti Cruz, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro apuntó las limitaciones al alcalde, entre las que figuran la prohibición de usar los organismos públicos en intereses de grupos religiosos, de privilegiar el uso de servicios públicos (como filas de hospitales) o de realizar censos religiosos.
En caso de incumplir alguna de las restricciones, Crivella, que es obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), puede ser retirado de su cargo hasta que tenga lugar el juicio que aborde la causa abierta por la Fiscalía la pasada semana.
La justicia carioca también prohíbe al alcalde estimular a las entidades religiosas con patrocinio, subvención o financiación, la utilización de espacios públicos para el adoctrinamiento religioso, la implantación de una agenda religiosa, la utilización de espacios públicos para eventos de la IURD o la discriminación de personas que no profesen sus credos.