A través de un comunicado, se reprodujo el texto de la resolución, compuesta de ocho puntos claves, que incluyen una exhortación al Ejecutivo nicaragüense a que "apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional".

La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de dicho diálogo, solicitó el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo de 2019; pero, el pasado 7 de julio, Ortega lo rechazó, al considerar que ya habría "tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley".

El documento de la OEA fue impulsado por siete países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EE.UU.) y respaldado por México.

La resolución recibió el voto a favor de 21 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que tres (Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas) votaron en contra.

Se registraron siete abstenciones, así como tres ausencias, entre ellas Bolivia.

La iniciativa, votada en la sede del organismo en Washington, no señala a Ortega por la violencia, pero urge a su Gobierno a que participe "activamente y de buena fe" en el diálogo nacional, en el que participan las autoridades y la opositora Alianza Cívica, que aglutina al sector privado y la sociedad civil.

En el texto, la OEA también expresó su condena al "hostigamiento" a los obispos que participan en el diálogo, así como a los "actos de violencia" contra unas oficinas de Caritas que fueron incendiadas y contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), que se convirtió en centro de las protestas.

Las hostilidades se han incrementado en los últimos días con ataques como el de la UNAN y el ocurrido este martes contra la ciudad de Masaya, lo que ha provocado la condena de países como Estados Unidos y organismos, como la Unión Europea.

Por eso, el organismo internacional manifestó también su preocupación "por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluidos aquellos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua".

El pasado 27 de junio, el Gobierno uruguayo ya había hecho pública su "grave preocupación" por la "ola de violencia creciente" en el país, así como su "consternación" por el número de fallecidos, haciendo llegar "sinceras condolencias y solidaridad" a las familias y al pueblo nicaragüense a través de un comunicado.

Asimismo, el Senado exigió este martes al Gobierno de Ortega el "cese inmediato de la violencia" contra el pueblo de Nicaragua a través de una moción que fue aprobada por unanimidad por los legisladores y que también condenó de forma "enérgica" la "reiterada violación de los derechos humanos", así como a las "libertades fundamentales". .

Nicaragua cumplió este miércoles tres meses de su crisis más sangrienta desde la década de 1980, que se inició con unas manifestaciones contra una reforma a la seguridad social y que se convirtió en un grito nacional que pide la salida del presidente Ortega, polarizando al país.

Después de 93 días, Nicaragua suma más de 350 muertos, según cifras de organismos humanitarios, miles de heridos, denuncias de "desapariciones forzosas", cientos de detenidos y miles solicitando refugio en la vecina Costa Rica. EFE