A través de su departamento de Asuntos Internacionales, la Fiscalía requerirá además de a Uruguay a Estados Unidos, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Islas Vírgenes Británicas, Dubái, Panamá, Bahamas, Vanuatu, Suiza y Suecia que proporcionen información bancaria y de conformación de empresas de unos 20 exfuncionarios, entre ellos el propio Correa.

La indagación sobre las preventas petroleras se inició luego de que los papeles de Panamá revelaran que durante estas negociaciones, especialmente con la empresa PetroChina, varios de los ahora investigados "habrían recibido al menos un dólar por barril de crudo entregado" a la compañía asiática.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las ocho negociaciones de preventa petrolera con PetroChina, suscritas desde 2009, habrían perjudicado al Estado ecuatoriano en al menos 2.000 millones de dólares.

Pérez añadió que la cooperación internacional no solo se ha solicitado "a esos países" sino "a muchos otros también, porque en los procesos de investigación, dentro del debido proceso, tenemos que cumplir con lo que exige la ley y la Constitución y también los tratados internacionales y de cooperación judicial".

En ese sentido, mencionó que la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal abrió las puertas para que "países en Europa y en el mundo" colaboren con la justicia ecuatoriana.

El titular del Ministerio Público advirtió que no puede proporcionar más detalles, pues en este momento "nos encontramos en un proceso justamente de investigación" en el que se determinará "si es que existen o no existen (activos mal habidos en el extranjero)", algo que "se va verificando en el tiempo" cuando se analiza la información.

Especificó también que el hecho de que los investigados tengan relación con el Gobierno de Correa es independiente de su trabajo, pues "no necesariamente tenemos que identificar a personas por una ideología concreta" ya que "estos delitos son cometidos desde el poder, en estructuras criminales".

En febrero, durante su primera versión de los hechos, Correa se defendió señalando que él únicamente firmó "una preventa petrolera, la de 2010", con la que a cambio de 1.000 millones de dólares autorizó el convenio "para que se pague con petróleo, pero en adelante cambió la ley y yo no he firmado ninguna otra preventa petrolera", dijo en ese momento.

Entre los exfuncionarios investigados se encuentran Galo Chiriboga (exfiscal de la nación), Carlos Pólit (excontralor prófugo de la justicia), Nilsen Arias y Pedro Merizalde (exgerentes de Petroecuador), José Jaramillo (exprocurador de Petroecuador), Fausto Herrera (exministro de Finanzas), William Vásconez (exsubsecretario de Finanzas) y Rafael Poveda (exministro de Sectores Estratégicos), entre otros.

Para requerir la información, la Fiscalía remite el pedido a la cancillería, que a su vez solicita a los embajadores de cada país la ayuda especificada para que luego estos envíen la solicitud a sus respectivos países. (Sputnik)