Una Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay anuló  la condena de once campesinos que fueron acusados y sentenciados por la llamada "Masacre de Curuguaty" que ocurrió en junio del 2012. Tras la matanza el por entonces presidente y actual senador Fernando Lugo fue destituido de su cargo.

"Todos deben recuperar la libertad de inmediato", afirmó el juez Emiliano Rolón que integró la sala que tomó la decisión por unanimidad de sus tres integrantes. Rolón agregó que "no habrá un nuevo juicio" ya que este pronunciamiento ya no tiene más instancias de apelación y es definitivo.

La "Masacre de Curuguaty" ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando policías quisieron desalojar a campesinos que ocupaban un establecimiento rural en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, la capital del país.

En los confusos incidentes murieron once campesinos y seis policías. Un tribunal había dispuesto hace dos años penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los once acusados. De ellos, sólo cuatro permanecen actualmente en prisión, para los que la Corte Suprema ordenó su "inmediata libertad" tras anular las condenas.

Así, los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo, Arnaldo Quintana y Néstor Castro, encarcelados en el penal de Tacumbú de Asunción podrán salir en libertad.

El resto había sido liberados de forma espaciada. A finales de junio la Corte Suprema dispuso la libertad de María Fani Olmedo y Dolores López, tras cumplir seis años de privación de libertad, buena parte bajo arresto domiciliario y prisión preventiva.

Durante el juicio, la defensa de los acusados denunció que no existía ninguna prueba que les incriminara y pidieron su absolución.

También se cuestionó que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos, o que durante el juicio no se realizó la exhumación de los policías muertos para extraer las balas.

La investigación de la Fiscalía también fue cuestionada por organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Efectos políticos

Según el juez Rolón, "la falta de fundamentación y de justificación de la responsabilidad penal" fueron los argumentos para anular la condena.

Familiares de los detenidos y sus abogados defensores celebraron el nuevo pronunciamiento de la Justicia paraguaya. "Por fin se hizo justicia. Gracias a dios tenemos una alegría por la libertad de ellos" dijo a medios paraguayos Ramona González, esposa de Néstor Castro, quien estaba condenado a 18 años de prisión.

Los once procesados estaban acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

La "Masacre de Curuguaty" sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de "irregular" por organismos como la Unasur y el Mercosur. DW