Por tercera vez y al igual que en las anteriores ocasiones la movilización convocada por organizaciones sociales, colectivos civiles y sindicatos fue secundada ampliamente por la ciudadanía en la víspera del día nacional de Perú, en el que se conmemoran los 197 años de su independencia.

En Lima, los manifestantes recorrieron las principales calles y avenidas de la capital peruana hasta finalizar en la Plaza San Martín, con la líder del bloque de izquierdas Nuevo Perú, Verónika Mendoza, entre sus participantes.

La marcha se desarrolló con un amplio despliegue policial, especialmente en torno al Congreso y al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de Perú, situados ambos muy cerca del recorrido de la movilización.

En la parte final, los agentes antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos y agua a un grupo de manifestantes que intentó dirigirse hacia el parlamento y que respondió con el lanzamiento de piedras.

A pocas horas de celebrar el aniversario de la independencia del país, muchos peruanos portaron banderas de Perú que sustituían el color rojo por el negro, en señal de duelo por la crisis que atraviesa el país.

Algunos se disfrazaron de jueces con cabezas de rata, mientras que otros portaron pancartas que reclamaban una asamblea constituyente para reformar los pilares del Estado peruano.

Las movilizaciones se replicaron más temprano en otras ciudades del interior como Cusco, Arequipa, Trujillo, Huaraz y Ayacucho, entre otras.

En la sureña ciudad de Arequipa, los manifestantes invadieron la fuente que se encuentra en el centro de la plaza mayor para hacer un simbólico lavado de una bandera peruana gigante, la misma que consideran manchada por la corrupción de sus autoridades políticas y judiciales.

La movilización en la también ciudad sureña de Ayacucho estuvo acompañada el jueves de una huelga general que paralizó gran parte de la urbe durante toda la jornada.

Las protestas responden a la indignación generada en la población peruana tras conocer la amplia red de corrupción, tráfico de influencias y favores instaurados en las altas instancias de la judicatura, y de la que participaban tanto magistrados como políticos y empresarios.

El enfado popular es todavía más fuerte si se tiene en cuenta la confianza depositada en el Poder Judicial para sancionar a su clase política, cuyos principales líderes están investigados por recibir sobornos y pagos irregulares en el caso Odebrecht, además de por otras constructoras brasileñas.

El escándalo de corrupción judicial le costó el cargo al ministro de Justicia, Salvador Heresi, junto a sus dos viceministros y director general; además de al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y a los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

También a cinco jueces de la Corte Superior del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos; mientras que el juez supremo César Hinostroza y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, están suspendidos.

El caso también salpica al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, al congresista fujimorista Héctor Becerril y al aprista Mauricio Mulder, entre otros.

EFE