En el primer caso, la II Sala Penal del máximo tribunal chileno condenó a quince años de presidio al general César Manríquez Bravo y a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del secuestro calificado de la estudiante universitaria María Cristina López Stewart. 

De 21 años, estudiante de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, la joven militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió la dictadura, cuando fue detenida por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) el 23 de septiembre de 1974.

La joven fue llevada al cuartel de tortura y exterminio "Ollagüe", en el sector santiaguino de Ñuñoa, donde según testimonios de prisioneros supervivientes, se la mantuvo con la vista vendada y fue sometida a tormentos hasta noviembre del mismo año, cuando se perdió su rastro.

López Stewart apareció en 1975 entre las víctimas de la llamada "Operación Colombo", que fue un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, que contó con la ayuda de las policías secretas de Argentina y Brasil. 

En esos países incluso se publicaron ediciones únicas de periódicos ficticios que contaban que los 119 habían muerto en pugnas internas del MIR. La prensa chilena, dominada por la dictadura, se hizo eco de la versión con titulares como "Exterminados como ratas".

En el segundo caso, el mismo tribunal condenó a los brigadieres Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, al coronel Fernando Gómez Segovia y a otros 19 antiguos agentes a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado del estudiante de Medicina Álvaro Vallejos Villagrán.

Otros cinco agentes fueron absueltos al no comprobarse su participación en el caso, pero en calidad de cómplice fue condenado a tres años y un día de presidio Gerhard Wolfgang Mücke Koschitzke, miembro de la Colonia Dignidad, un enclave alemán en el sur de Chile que fue usado como campo de torturas y exterminio por la dictadura.

El alumno de Medicina de la Universidad de Chile y miembro del Comité Central del MIR, de 25 años, fue detenido en casa de sus padres por la DINA el 20 de mayo de 1974 y llevado a un centro de torturas y exterminio en la calle Londres, en pleno centro de Santiago.

Dos meses después, el detenido regresó a casa de sus padres y después fue trasladado a otros centros de la DINA, el último de ellos la Colonia Dignidad, donde se perdió su rastro de forma definitiva.

En la parte civil, el tribunal condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 300 millones de pesos (unos 467.000 dólares) a la esposa e hija de la víctima.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos. EFE