El fallo declara inconstitucionales los artículos que impiden el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, pero deja vigente las normas por 18 meses para que el Congreso legisle al respecto. 

Si el Congreso no aprueba ninguna ley, las dos normas quedarán automáticamente derogadas en el plazo de 18 meses. 

"Se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, adecúe el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo", indica el fallo de la Sala Constitucional con fecha del 8 de agosto. 

El fallo declara inconstitucionales el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, el cual establece que "es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo", así como el artículo 242 que indica que las uniones de hecho son entre hombre y mujer. 

El fallo y el plazo de 18 meses no ha caído nada bien en las organizaciones defensoras de los derechos de la población LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexo). 

"Es un adefesio jurídico que no tiene pies ni cabeza. Una violación total a los derechos humanos de los ciudadanos de la población sexualmente diversa. Los magistrados se están lavando las manos", dijo a Efe el vicepresidente del Movimiento Diversidad, Víctor Hugo Monge. 

El activista criticó la "cobardía" de los magistrados, quienes "no quisieron asumir su responsabilidad legal" y la trasladaron al Congreso, donde no cree que avance proyecto alguno debido a la cantidad de diputados conservadores. 

"No estamos contentos pero creemos que es un paso más. No es un gane pero tampoco una derrota", manifestó Monge. 

La Defensoría de los Habitantes afirmó en un pronunciamiento que le sorprendió que "el tribunal dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva" en favor del matrimonio igualitario. 

Tras conocer la resolución, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ratificó el compromiso de su Gobierno con la igualdad y la protección de los derechos humanos de todas las familias. 

"Confiamos en que el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de derecho prevalecerá, ya sea que la Asamblea Legislativa reconozca el matrimonio igualitario en el término de 18 meses, o en su defecto, una vez que la norma actual pierda vigencia finalizado el plazo", expresó el mandatario. 

El Gobierno de Alvarado envió hoy al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario para su discusión, en el marco de las sesiones extraordinarias del mes de agosto, periodo en el que el Ejecutivo controla la agenda de iniciativas a discutir en el Legislativo. 

El proyecto de ley, que está en la corriente legislativa desde febrero de 2016 sin haber avanzado, deroga y modifica una serie de artículos e incisos del Código de Familia y del Código Civil para eliminar las referencias a que el matrimonio y las uniones de hecho son solo entre hombre y mujer. 

Las voces en contra del fallo del matrimonio igualitario también se han hecho sentir, como es el caso de la Iglesia Católica, que expresó su defensa a la familia tradicional y aseguró que "el no querer discriminar a las personas homosexuales no autoriza al Estado a confundir el orden natural del matrimonio y la familia".

"Reiteramos nuestro respeto al orden jurídico costarricense pero lamentamos que la Sala Constitucional no haya declarado sin lugar la petición de anulación del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, poniendo en entredicho el origen y la función natural de la familia", indicó la Conferencia Episcopal en un comunicado. 

En el Congreso la mayoría de partidos han instado al diálogo y a esperar para analizar el fallo completo de la Sala Constitucional, que aún no está disponible, aunque los más conservadores como el evangélico Partido Restauración Nacional mantienen su oposición al matrimonio igualitario. 

El fallo constitucional se produjo tras diversos pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, juristas y activistas, que consideran vinculante para el país una opinión consultiva de enero pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable a la identidad de género y los derechos familiares de la población LGBTI. EFE