"Hasta el momento, mucha gente estaba despreocupada de su pertenencia a la religión católica, pero, a día de hoy, han decidido que no quieren estar representados por una ideología que atenta contra sus derechos", cuenta a Efe Pao Raffetta, integrante de la coalición e impulsora de la campaña de apostasía colectiva en la capital argentina.

La semana del 8 de agosto, cuando el Senado debatía el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, se convocaron apostasías en todo el país.

Raffetta revela que, en el puesto que instalaron durante la vigilia realizada ese día por miles de personas en los alrededores del Parlamento en Buenos Aires para pedir la aprobación de la iniciativa, recogieron 1.200 solicitudes para apostatar.

Esta reacción ha cobrado fuerza después de que la Cámara Alta rechazase por 38 votos en contra frente a 31 a favor la despenalización del aborto.

"Es el reflejo de la indignación colectiva de muchísimas mujeres pero también de muchos hombres que entienden que estos obstáculos que pone la Iglesia a la hora de garantizar la salud y la educación sexual también los afectan a ellos", afirma.

Según cuenta, el objetivo es no apoyar a una institución que históricamente se ha basado en la "violación de derechos", al haberse opuesto también al matrimonio homosexual, el voto femenino, o el divorcio.

Con ello en mente, la CAEL llamó a una apostasía colectiva en la tarde de este sábado en Buenos Aires y animó a otras organizaciones laicas a replicarla en otros puntos del país.

Porque, según la convocatoria, "la principal opositora a la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es la Iglesia Católica Apostólica Romana" y lo hace "desde una posición de privilegio dentro del Estado" argentino.

Durante el evento, que se desarrolló en la calle, la organización recopiló cartas con el pedido de baja que luego trasladará a los centros religiosos.

Raffetta denuncia que el proceso está repleto de una "burocracia innecesaria" y asegura que, si no se insiste y "presiona" a las autoridades eclesiásticas, las solicitudes "se pierden en el olvido".

Cuando logran que salgan adelante, reciben una fotocopia de su acta de bautismo firmada y sellada, pero desde la coalición de asociaciones laicas reclaman que se dé un paso más allá y la Iglesia borre todo rastro de los datos personales de quienes deciden apostatar porque, al no hacerlo, "violan el principio de privacidad".

Raffetta afirma que ya han solicitado varias veces al Estado que haga efectiva la ley de protección de datos y exija a la Iglesia que dé este paso, pero sus peticiones han sido siempre rechazadas.

Para ella, es un reflejo de que, "el Estado argentino, en sus múltiples formas de sostener el culto católico, además de concederle millones de pesos en subsidios y no obligarle a pagar impuestos, le da la posibilidad de perjudicar los derechos de la ciudadanía".

Asimismo, apunta que, a raíz del debate por la legalización del aborto, ha aumentado la demanda para la separación Iglesia-Estado en el país austral.

"Creemos que ya es hora de tener un Estado verdaderamente laico, como muchos países del mundo. Mientras que la Iglesia y el Estado estén unidos, es difícil avanzar hacia el futuro", asevera.

EFE