El llamamiento se recoge en una carta dirigida al presidente brasileño, Michel Temer; al canciller, Aloysio Nunes; al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once ministros del Supremo Tribunal Federal. 

El Comité pidió el pasado 17 de agosto a Brasil que se tomaran las medidas pertinentes para que Lula pueda ejercer sus derechos políticos como candidato mientras se encuentra en prisión. 

Ese órgano, que supervisa a los Estados en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aclaró que se trataba de una "medida interina" con la que "preservar los derechos" del exmandatario, y no de un pronunciamiento de fondo sobre su caso. 

Los juristas y abogados firmantes consideraron que su decisión da crédito a todos los que expresaron "serias dudas" sobre la imparcialidad del proceso que dio origen a la condena de Lula y, "por tanto, a la propia legalidad y legitimidad de las consecuencias resultantes de las próximas elecciones", previstas para el 7 de octubre. 

Lula está preso desde el pasado 7 de abril, después de que una corte de segunda instancia ratificara una condena a 12 años por asuntos de corrupción vinculados a los escándalos en la petrolera Petrobras. 

Los firmantes destacaron que Brasil, "una de la grandes naciones democráticas del mundo", no puede incumplir sus obligaciones internacionales y por tanto ignorar las decisiones del Comité. 

Su carta está impulsada por el abogado francés William Bourdon, presidente y fundador de la asociación de protección y defensa de las víctimas de crímenes económicos, Sherpa. 

El llamamiento, al que tuvo acceso EFE, está suscrito también por el jurista Emilio García, presidente de la Fundación Sur Argentina, o el presidente honorario de la Liga de Derechos Humanos (LDH), Henri Leclerc, entre otros. 

Su alegato sucede al lanzado el pasado 9 de agosto, en el que expresaron su preocupación por las irregularidades en el proceso contra el expresidente brasileño y pidieron que se respete la legalidad "con rigor e independencia". 

El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió el pasado 15 de agosto la candidatura de Lula para las presidenciales de Brasil, pero la Justicia electoral podría vetarla por su condición de condenado y preso por corrupción y tiene de plazo hasta el 17 de septiembre para resolver la situación. EFE