De esta forma, a través de una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), dos de los camaristas aceptaron parcialmente el recurso de queja que había presentado la Unidad de Información Financiera, algo que rechazó por "improcedente" el tercer integrante del tribunal, Leopoldo Bruglia, al considerar que es decisión del propio Casanello.

Por esta causa hay una veintena de personas procesadas, entre ellos los financieros Leonardo Fariña y Federico Elaskar y el detenido empresario Lázaro Báez, uno de los principales adjudicatarios de obra pública durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández en la sureña provincia de Santa Cruz.

Todos ellos están acusados de lavado de activos al haber montado entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

En la resolución de este viernes, el juez Martín Irurz señaló que "la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández".

"Ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común", agregó.

Con él coincidió el magistrado Mariano Llorens al apuntar que los hechos investigados suponen una "gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas" y "armadas" para que Báez obtuviera fondos del Estado destinados a la obra pública en Santa Cruz.

Por otro lado, señaló que existe la "imperiosa necesidad" de otorgarle a Fernández la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

La expresidenta y actual senadora está involucrada en otra causa por una presunta red de sobornos en torno a la obra pública durante su Gobierno y el de Kirchner. EFE