"Ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela, no lo vamos a permitir", dijo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

La funcionaria indicó que su país presenta el segundo flujo de llegada de inmigrantes en la región, un dato en el que ha insistido en los últimos días, y añadió que al menos 100.000 colombianos por año han fijado residencia en Venezuela en el último quinquenio.

En tanto que el ministro de Información y hermano de la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, dijo que los señalamientos sobre crisis humanitaria en Venezuela son un "castillo de naipes" que se construyó con la difusión de noticias falsas en medios de comunicación y redes sociales.

Asimismo, indicó que a los venezolanos que emigran no les permiten integrarse sino que "los ponen en campamentos" para alimentar el "expediente" que justifique una intervención al país, y acusó a medios de la región de alimentar la xenofobia.

Además, mostró el extracto de un video en el que aparecían decenas de personas, que aseguró son venezolanas, pidiendo ayudas a gritos para retornar a su país a las afueras de la embajada de Venezuela en Lima.

Las denuncias de Venezuela ocurren en la misma jornada en la que 13 países de la región buscan acuerdos para hacer frente al masivo desplazamiento de venezolanos, que el Parlamento del país petrolero y estimaciones independientes cifran en cerca de 4.000.000 de personas durante los últimos años.

La cita reunirá hasta este martes a las autoridades de los sectores de movilidad humana, migración, políticas consulares, desarrollo e integración de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay y República Dominicana, principales destinos de los migrantes venezolanos.

Sobre el tema, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió hoy a los venezolanos que migraron regresar a su país donde hay "un gobierno responsable" e insistió en que existe una campaña internacional para justificar una intervención que usa como excusa el tema migratorio.

"Vénganse para acá que aquí hay un pueblo, aquí hay un gobierno responsable y ya nuestro presidente ha ordenado al plan vuelta a la patria, vénganse para acá para Venezuela, aquí hay trabajo y hay oportunidades para todos y para todas", dijo Cabello en la rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

El primer vicepresidente del partido aseguró que muchos venezolanos están regresando de países como Perú o Ecuador por los supuestos malos tratos que recibieron al intentar establecerse en esos destinos.

Mientras tanto, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, se hizo hoy acreedor del primer certificado del "plan de ahorro en oro", lo que catalogó como "una oportunidad" para la clase media del país petrolero de "proteger sus recursos monetarios".

Este plan, anunciado hace una semana, consiste en que los ciudadanos puedan comprar láminas de oro a través del Banco Central (BCV) y, según dijo en su momento Maduro, poder ahorrar en medio de la severa crisis económica que atraviesa el país.

El presidente del ente emisor, Calixto Ortega, dijo que desde este lunes hasta el próximo viernes se llevará a cabo una jornada especial presencial para comprar certificados de ahorro en oro, con una inversión mínima de 355,56 bolívares (5,82 dólares) para 1,5 gramos, y de 592,60 bolívares (9,70 dólares) para 2,5 gramos.

Este proyecto forma parte del llamado "plan de recuperación económica" que el Gobierno de Maduro inició el 20 de agosto con la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario que resta cinco ceros a la moneda, el bolívar, a la que se le dio también el apellido "soberano".

Otras acciones incluyen el aumento salarial que multiplicó por 35 el ingreso mínimo legal -ubicado ahora en 30 dólares mensuales-, la fijación de precios, la devaluación en 95,8 % de la moneda, el alza de impuestos, el aumento de las tarifas de transporte y otros controles económicos. EFE