En el encuentro participaron autoridades de migración, políticas consulares, desarrollo e integración de trece países, entre los que se encontraba Uruguay, junto a Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, y República Dominicana, aunque no asistieron las de Venezuela, que también fue invitada.

La declaración final de la cita, que no firmaron Bolivia, por razones ideológicas, ni República Dominicana, por indisposición de su delegado, incluye 18 puntos que abordan la problemática desde diferentes ángulos, en el primer encuentro de estas características que se celebra con un enfoque regional.

El documento insta a seguir acogiendo a los migrantes venezolanos dentro de un sentido de "hermandad" y "solidaridad", pero también teniendo en cuenta aspectos relativos a garantizar la "seguridad" para las sociedades receptoras.

Ante algunos brotes de xenofobia y protesta social en las naciones receptoras, donde se han denunciado actividades delictivas protagonizadas por migrantes venezolanos, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Santiago Chávez, quien presidió la reunión, destacó que "en todos los países" intentan "conciliar dos visiones".

"Una que tiene una tendencia a lo que es la protección de derechos, y la otra que tiene una tendencia a lo que es seguridad", explicó.

La declaración contiene un compromiso de "trabajar con los documentos vencidos" de los venezolanos y reforzar la asistencia a los menores, muchos de los cuales viajan sin partidas de nacimiento, con el objeto de garantizar su "derecho a la identidad", señaló el representante de la delegación chilena, Raúl Sanhueza.

El delegado de Chile, país al que muchos venezolanos viajan como destino final, exhortó a los migrantes a recurrir a la visa de "responsabilidad democrática", para impedir que se produzcan situaciones irregulares que afecten sus derechos.

También subrayó que los firmantes acordaron apoyar a los nacionales de cada país en Venezuela e incrementar la ayuda a aquellos países en primera línea de migración, como Colombia, Ecuador y Perú.

Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), cerca de 2,5 millones de venezolanos han salido de su país desde 2014.

En el último año la crisis migratoria se ha agudizado, obligando a los países limítrofes con Venezuela y a los que se han convertido en principales destinos a adoptar medidas excepcionales como la solicitud de pasaportes o documentos que cuenten con el apostillado correspondiente, requisitos que no siempre pueden cumplimentar los migrantes.

Sobre esto, la declaración de Quito abre la puerta a que se acepten documentos vencidos. "La declaración establece que esto se pueda hacer en concordancia con las legislaciones internas de cada país, siempre que así se permita de acuerdo al ordenamiento", refirió Chávez.

La declaración también "exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales".

Los asistentes se comprometieron a volver a reunirse en noviembre, también en la capital ecuatoriana, en un encuentro de seguimiento de las medidas pactadas.

Aunque de carácter técnico, la reunión celebrada en Ecuador es la primera en la que participan voluntariamente más de una docena de países de la región para tratar la migración venezolana.

El tema ya había sido abordado a finales de agosto, en dos encuentros, uno entre Colombia y Perú y otro de los países de la Comunidad Andina celebrado en Lima.

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto tratar este miércoles la situación de los venezolanos y se prevé que este mes la Conferencia Suramericana de Migraciones examine el mismo tema en Santiago de Chile. EFE