Con su votación, la mayoría de los diputados (grupos de izquierda y nacionalistas) convalidó el decreto aprobado en agosto pasado por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, en cumplimiento de una de las promesas que hizo al asumir el ejecutivo en junio pasado.

"Hoy España da un paso histórico para la reparación de los derechos de las víctimas del franquismo. Hoy nuestra democracia es mejor", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter tras la votación.

En defensa del decreto ley, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, alertó de que no habrá "paz sin justicia" mientras se mantenga la "atroz anomalía" que supone que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas.

Sin embargo, la aprobación del decreto no contó con la unanimidad de la Cámara, ya que el conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos (liberales) se abstuvieron y criticaron que la exhumación de Franco (1892-1975) se haga por decreto, ya que no es una cuestión urgente, después de 43 años enterrado en el Valle de los Caídos.

Ese monumento, ubicado a en la sierra de Madrid, a unos 50 kilómetros de la capital, fue mandado construir por el general Franco después de la Guerra Civil (1936-1939) y en él trabajaron presos republicanos, que así redimían penas.

Pero en el mismo lugar también está enterrado fundador del partido fascista español Falange, José Antonio Primo de Rivera, junto a miles de miles de víctimas de la guerra civil sin identificar, tanto del bando franquista como del republicano, el sistema político legal en España en 1936.

Tras la votación, los diputados que apoyaron el decreto de exhumación rompieron en aplausos y dirigieron sus miradas hacia la tribuna de invitados, en la que seguían el debate víctimas de la dictadura y el hispanista e historiador irlandés Ian Gibson.

El historiador, nacionalizado español, declaró a la prensa que la salida del dictador del Valle de los Caídos es "urgentísima" porque "España no puede tener un monumento a un dictador, además genocida".

Sin embargo, la exhumación de los restos Francisco Franco, que gobernó España de 1939 a 1975 tras una guerra civil, aún causa polémica, más de cuarenta años después de su muerte.

Algunas personas consideran que la exhumación es una muestra de reconocimiento de la memoria histórica y otras piensan que con ello abre viejas heridas y se entorpece la reconciliación.

Una vez aprobada la exhumación, falta saber cuando tendrá lugar, ya que en un principio el Gobierno anunció que sería en verano y después lo retrasó y puso como fecha finales de año.

Además, se desconoce también donde reposarán los restos de Franco, ya que su familia, contraria a la exhumación, aún no se ha manifestado al respecto, aunque sí solicitó la pasada semana al Defensor del Pueblo que impugnara el decreto del Gobierno.

La vicepresidenta Calvo afirmó hoy que los restos de Franco se tratarán con "respeto" y se trasladarán al lugar que designe su familia o, en todo caso, "a un lugar digno".

En este sentido, el hispanista británico Paul Preston propuso hoy que, dado que la exhumación del dictador no será bienvenida por todos, sus restos sean depositados en el mar.

"Considerando que cualquier tumba dentro de España podría simplemente sustituir al Valle de los Caídos como lugar de peregrinación para sus adeptos, se podría proponer un entierro en el mar", propuso el profesor Preston en una respuesta a Efe desde Londres vía correo electrónico.

Una vez los restos de Franco estén fuera del Valle de los Caídos, habrá que decidir qué hacer con el monumento, considerado hasta ahora un símbolo del franquismo.

Los partidos que apoyaron hoy al Gobierno y aprobaron su decreto decidieron además que se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá introducir enmiendas al texto durante su tramitación parlamentaria.

Tanto Unidos Podemos (izquierda) y los grupos nacionalistas (catalanes y vascos) reclamaron la recuperación de víctimas de fosas comunes, la anulación de las sentencias del franquismo, o la desacralización y "resignificación" del Valle de los Caídos, algo que deberán discutir a partir de ahora.

Todas estas cuestiones quedaron sin resolver en la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera vez que se abordó legalmente este tema. EFE