"Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", remarcó la exmandataria.

Fernández, procesada ya en seis casos -la mayoría por presunta corrupción- llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires convocada a declarar por presuntos delitos de lavado de dinero en la causa conocida como la "Ruta del Dinero K (Kirchner)", después de que el juez encargado del expediente fuera obligado por una Cámara superior a citarla, a pesar de haberse resistido a hacerlo durante dos años.

"Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- (...) he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso", subrayó la senadora.

A su juicio, lo que resulta "aún más grave" es que se le cita "sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito" que le pueda ser atribuido.

Con una veintena de personas imputadas, Casanello investiga delitos de lavado de activos cometidos supuestamente entre 2010 y 2013 mediante una red que supuestamente montó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior para el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

"No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma", señaló Fernández en su extenso escrito.

En la "Ruta del Dinero K" destaca la figura del empresario Lázaro Báez -estrecho colaborador de Kirchner y en prisión preventiva desde 2016-, acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz, que fue adjudicada a sus empresas de construcción.

El empresario, dueño del grupo Austral, es acusado de haber brindado el "entramado societario" para captar fondos públicos y "vehiculizarlos" parcialmente a las manos "de quienes entonces eran funcionarios públicos", en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.

Asimismo, se sospecha que sacó esos fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen.

Fernández, que en el texto acusa de nuevo al Ejecutivo de Mauricio Macri de mover los hilos en su situación judicial, recalcó que "jamás" tuvo cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Báez o con cualquier otra persona.

"Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas", indicó.

El caso se inició en 2013, aunque cobró fuerte protagonismo en marzo de 2016, cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires, conocida como "La Rosadita".

Tras remarcar que su familia nunca tuvo sociedades 'offshore' en paraísos fiscales "o en cualquier otro lugar" ni apareció en investigaciones como los conocidos Papeles de Panamá, como si apareció "el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su Gobierno", Fernández se mostró tajante.

"En síntesis, si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de "La ruta del dinero K" debió ser denominada "La ruta del dinero M", concluyó. EFE