Veinte ex agentes del aparato represivo de la dictadura chilena fueron condenados por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio calificado de 12 personas. Los hechos sucedieron en el marco del Plan Cóndor, la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras sudamericanas en los años 70.

Se trata de 20 ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta en los primeros del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

En 1977, la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los hombres fueron sentenciados por el ministro en visita (juez especial) Mario Carroza a penas que van desde los 17 años de presidio hasta los 100 días de privación de libertad.

A 17 años de cárcel fueron condenados Christoph Willike Floel y Raúl Iturriaga Neumannm, y a 15 años, Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda y Miguel Riveros Valderrama. De estos siete condenados cinco de ellos ya están cumpliendo condenas por otros crímenes.

Todos los condenados fueron señalados como responsables del secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Alexei Jaccard Siegler, Héctor Velásquez Mardones, Jacobo Stoulman Bartnik, Hernán Soto Gálvez, Matilde Pessa Mois, Ruiter Correa Arce y Ricardo Ramírez Herrera.

Plan Cóndor

La Operación Cóndor (o Plan Cóndor) es el nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur suramericano, con participación de Estados Unidos.

 Según el fallo del juez Carroza, el Gobierno de Pinochet instituyó en 1975 "un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores a los Regímenes asumidos por las Fuerzas Armadas y de Orden".

Estos casos investigados "patentizan la apuntada cooperación y coordinación de los servicios de Inteligencia, en casos concretos, donde los agentes de inteligencia de nuestro país, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país, con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturados y luego proceder con extrema crueldad, a eliminarlos", dice el documento.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. DW

DG (efe, dpa)