Guevara y familiares de otros imputados durante la última dictadura de Argentina (1976-1983) se encontraron en la noche del miércoles con funcionarios argentinos y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Boulder (Colorado, EE.UU.), donde el organismo celebra su periodo de sesiones.

De 35 años, Aníbal Guevara representa a Puentes para la Legalidad, una asociación formada por hijos y nietos de acusados de crímenes de lesa humanidad que considera que el Poder Judicial argentino no respeta el principio de debido proceso con juicios que se hacen "mal" y el uso excesivo de la prisión preventiva.

"Es muy fácil respetar los derechos de quienes nos causan empatía y, ante una situación de un delito como el que se nos acusa a nosotros, es muy fácil perderla", dice a Efe.

"Pero -añade-, incluso con aquellos que son responsables de delitos atroces, corresponde y nos corresponde a nosotros ser distintos de ellos y respetar hasta el último de sus derechos".

Guevara pidió a la Comisión que otorgue medidas cautelares de protección para los 730 imputados por delitos de lesa humanidad que supuestamente han pasado en prisión preventiva más de tres años y para los 240 que tienen más de 65 años con el fin de que, debido a su edad, puedan pasar a arresto domiciliario.

En 2006, las autoridades argentinas acusaron de crímenes contra la humanidad a su padre, también con el nombre de Aníbal Guevara y que era teniente del Ejército cuando se produjo el golpe de estado de 1976 que instauró una brutal dictadura con miles de muertos y desaparecidos.

El juicio llegó en 2010 y, entonces, padre e hijo tuvieron una de las conversaciones más duras de su vida.

"Cuando estaba por comenzar el juicio, pasé un par de días con él de manera muy inquisidora, diciéndole mira, si yo voy a hablar, necesito saber qué me puedo encontrar, necesito saber qué hiciste vos y qué no hiciste, y que vos me lo digas porque no quiero enterarme de nada en el juicio", recuerda.

Su padre fue sentenciado a cadena perpetua por la desaparición de cuatro hombres, sucesos que ocurrieron entre marzo y setiembre de 1976 en el municipio de San Rafael, en la provincia de Mendoza.

El hijo rechaza esa sentencia y asegura que, lo único que hizo su progenitor fue detener a dos personas. Esos arrestos se produjeron "a la luz del día, mientras iba vestido con uniforme e informando a los sujetos de dónde iban a ser retenidos", una versión que según Guevara han ratificado las mismas personas que fueron arrestadas.

Considera que hubo fallos en el proceso y que a su padre se le hizo responsable como "participe necesario" de unos delitos que, en ese momento, no sabía que se estaban produciendo.

"Yo no voy a decir que no hay responsables de crímenes atroces de la dictadura, pero en estos procesos no se ha separado la paja del trigo. Se ha puesto a todos en la misma bolsa y se ha entregado a las víctimas de la dictadura, en muchos casos, culpables que no lo son", subraya.

Critica, además, que la justicia haya impuesto pesadas penas a quienes, como su padre, ocupaban mandos bajos o intermedios; mientras que, por ejemplo, el brigadier general Orlando Ramón Agosti, parte de la cúpula militar de la dictadura, solo cumplió tres años y nueve meses de cárcel.

"Estoy plenamente convencido -asegura- de que nuestro reclamo tiene pies y cabeza, no pedimos nada que la Comisión no haya hecho antes, solo pedimos el estricto respeto a los derechos humanos".

Los familiares, entre los que había más miembros de Puentes para la Legalidad e integrantes de la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, solicitaron a la Comisión que mantenga abierta la puerta del diálogo y que vuelva a reunirse con ellos, algo que llevaban reclamando desde 2014.

En la cita, según Guevara, participaron, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y los comisionados Luis Ernesto Vargas y Joel Hernández; mientras que la delegación del Estado argentino estuvo liderada por su embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paula María Bertol. EFE