En una extensa entrevista publicada hoy por la agencia estatal Xinhua, el jefe del Gobierno regional de Xinjiang, Shohrat Zakir, habló de estos polémicos centros -cuya existencia se negaba hasta hace muy poco- abiertos bajo las directrices del presidente chino, Xi Jinping, para luchar contra las "tres fuerzas del mal: el terrorismo, el extremismo y el separatismo".

Por primera vez, las autoridades chinas mostraron su particular visión de estos campos de reeducación en medio de las críticas de la comunidad internacional y tras formalizar la semana pasada su uso por ley a fin de "educar y transformar a la gente influenciada por el extremismo".

"Xinjiang ha lanzado un programa de educación y formación profesional de acuerdo con la ley. Su propósito es deshacerse del ambiente y campo de cultivo que engendra el terrorismo y el extremismo religioso y evitar que ocurran actividades terroristas violentas", justificó Shohrat Zakir en la entrevista.

El jefe del gobierno regional añadió que los residentes de Xinjiang -de mayoría musulmana- "tienen dificultades para encontrar empleo, lo que les hace "vulnerables a la instigación y coerción del terrorismo y extremismo". Por eso, las autoridades les brindan ahora "formación profesional gratuita".

Mientras que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) alertan de abusos, torturas y muertes bajo custodia en estos centros, el jefe del Gobierno de Xinjiang no hizo referencia a estas denuncias y aseguró que en los centros se aprende mandarín, nociones sobre derecho y un oficio, y "se les paga ingresos básicos y una bonificación".

También afirmó que los centros cuentan con todo tipo de comodidades, como instalaciones deportivas, salas de proyección de películas o actividades de baile, algo que contrasta enormemente con los testimonios de exdetenidos, que advierten de suicidios de algunos presos.

Por ejemplo, Kairat Samarkan, recluido en uno de esos centros entre octubre de 2017 y febrero de 2018 tras viajar a Kazajistán y ser acusado de "traicionar a su país", contó a AI que fue encapuchado y encadenado en brazos y piernas, y le obligaron a permanecer en una posición fija durante doce horas.

Las familias de los detenidos -que no están acusados de cometer ningún crimen- han mostrado su miedo por sus seres queridos, con los que no mantienen contacto y no saben ni siquiera si están vivos.

Hoy mismo HRW denunció en un nuevo informe que los hijos de los detenidos han sido trasladados a orfanatos de la región y están sufriendo un grave trauma con esta campaña gubernamental de represión dirigida a la comunidad musulmana.

En agosto pasado, China desmintió ante la ONU la existencia de estos campos de reeducación que albergan a uigures y otras minorías de confesión musulmana en la región, y donde no permite el acceso a investigadores de ONG o de la Unión Europea (UE).

En Xinjiang, los musulmanes -hay unos 23 millones en el país asiático- tampoco pueden practicar la fe con libertad, ya que tienen prohibido usar velo, llevar barba "anormal", orar regularmente o tener libros sobre el Islam o la cultura uigur, porque todo ello es considerado por China como una conducta "extremista". EFE