Todo comenzó a principios de abril con un incendio en la Reserva Natural Indio Maíz, en el sureste de Nicaragua: durante semanas, las llamas avanzaron en la reserva, sin que el gobierno pudiera combatir el fuego y evitara la destrucción de ese valioso espacio natural, critica Amaru Ruiz, presidente de la organización medioambiental nicaragüense "Fundación del Río". Los estudiantes de la capital se solidarizaron con los activistas ambientales y se manifestaron a favor del rescate de Indio Maíz. La lluvia, al final, se encargó de apagar las llamas, pero hasta la fecha, las protestas antigubernamentales se han convertido en un conflicto de grandes dimensiones.

El incendio en la reserva natural fue solo el último desencadenante de la ira popular que, junto con la reforma de pensiones de abril, también originó que la gente saliera a la calle. Y aunque el gobierno dio marcha atrás con dicha reforma, las protestas continuaron. La insatisfacción está profundamente asentada en Nicaragua. "Se trata del modelo económico neoliberal del país, del que solo se benefician las grandes empresas y los inversores extranjeros", dice el activista ambiental Ruiz y añade: "Además de las elecciones opacas e injustas, donde no se respeta la voluntad del pueblo".

Daniel Ortega, que gobierna el país desde 2006 y fue jefe de Estado desde 1979 hasta 1990, ha transformado a Nicaragua en un país autoritario en los últimos años, en el que el presidente no solo controla los poderes estatales, sino también ha repartido las instituciones clave entre personas leales de su entorno.

El Gobierno está tratando de ganar tiempo

Ante las protestas constantes, reprimidas a la fuerza por paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado, el Gobierno acordó iniciar un diálogo nacional con la "Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia", moderado por la Conferencia Episcopal. La "Alianza Cívica" está formada por representantes de varios sectores de la sociedad, seleccionados por los obispos católicos. "Se trataba de dos demandas fundamentales: justicia para las víctimas de la represión y la democratización del país", dice una periodista que prefiere estar en el anonimato. "Pero con el tiempo, comprendimos que Ortega no quería negociar en absoluto, solo quería ganar tiempo para organizar mejor su aparato represivo", añade.

Pero el diálogo nacional no dio resultado, y la crisis se ha intensificado. Más de 300 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (a fines de agosto). La economía también sufre por las protestas y la tensa situación de inseguridad: se han perdido miles de empleos en los últimos meses, y el transporte de mercancías en Nicaragua, como país de tránsito, está seriamente restringido. Muchos nicaragüenses han abandonado el país debido a la difícil situación y han escapado a la vecina Costa Rica.

La oposición pide nuevas elecciones

A principios de octubre, se fundó la "Unidad Nacional Azul y Blanco", una alianza social de más de 40 organizaciones políticas y sociales, a la que pertenece la "Alianza Cívica". "El objetivo es desarrollar una estrategia común para todo el país", dice la periodista. "Necesitamos una solución pacífica al conflicto que conduzca a elecciones anticipadas", explica.

Se desconoce si el presidente Ortega estará de acuerdo o no. Este ha conducido al país al aislamiento internacional en los últimos meses, prefiere usar la represión y acusar a las fuerzas extranjeras de ser responsables del caos. La periodista cree que Ortega no aceptará: "Desde abril, han asesinado a personas en todo el país, y los asesinos siguen en la calle", argumenta la periodista y añade que "la tarea más difícil está aún por llegar: no solo se trata de desarmar a los paramilitares y reorganizar a la Policía y al Ejército, sino también que la sociedad, que ha experimentado mucho dolor y violencia, sane sus heridas".DW