El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado sanciones contra los países y ciudadanos extranjeros que busquen influir de forma ilícita en la votación del próximo 6 de noviembre y gigantes de internet como Google, Facebook, Instagram y Twitter llevan meses informando casi a diario de su lucha en este campo.

Todos estos esfuerzos parecen quedarse cortos cuando, a menos de una semana para las elecciones, informaciones poco contrastadas o directamente inventadas, con origen nacional e internacional, se dispersan por las redes a toda velocidad, como ya ocurrió en 2016 en la campaña para las presidenciales que ganó Trump.

Dos de los ejemplos más recientes se han dado con la caravana de migrantes centroamericanos que en estos momentos recorre México con destino a EE.UU. y con el envío en los últimos días de paquetes bomba a varias destacadas personalidades y políticos de tendencia demócrata.

En el primer caso, uno de los ejemplos más notorios ha sido una imagen de un policía mexicano con la cabeza ensangrentada, que fue tomada en 2012 pero ha circulado por las redes como si este hubiese sido atacado por migrantes de la caravana.

La fotografía ha sido utilizada por muchos en EE.UU. para ilustrar la supuesta violencia de los migrantes y justificar así la oposición de Trump a permitirles acceder al país.

La imagen ha llegado a ser compartida en internet por la esposa de un juez del Tribunal Supremo.

Con respecto a los paquetes bomba, inmediatamente después de que se conociesen los primeros, dirigidos al expresidente Barack Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, empezó a propagarse por internet la teoría de que se trataba de una artimaña de los propios demócratas para impulsar sus posibilidades electorales.

Estas campañas se originan tanto dentro como fuera de EE.UU.

A mediados de octubre la Justicia estadounidense imputó a la ciudadana rusa Yelena Jusiáinova por tratar de interferir en los comicios mediante su presunta participación en una estructura que financiaba y coordinaba anuncios y publicaciones en redes sociales.

Un mes antes, el 12 de septiembre, el director de Inteligencia Nacional del Gobierno de EE.UU., Dan Coats, indicó que se habían detectado "señales" de intentos de interferir en las elecciones provenientes no solo de Rusia, sino también de China, Irán y Corea del Norte.

Ante esta situación, Facebook, la red social más popular en el país y que hace dos años fue usada para difundir noticias falsas en plena campaña de las presidenciales y para fomentar confrontaciones online que contribuyeran a crispar el debate, decidió crear un centro de control para aplacar este tipo de actividades.

La "war room" o "cuarto de guerra", como ha sido bautizada por la propia compañía, es una pequeña sala en su sede de Menlo Park (California, EE.UU.) en la que trabajan a diario entre 20 y 30 personas responsables de coordinar a miles de empleados en todo el mundo.

El pasado viernes, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg anunció que había retirado 82 páginas, grupos y cuentas con origen en Irán que se hacían pasar por estadounidenses o británicas para fomentar cuestiones polémicas e influir así en la política y el debate social en estos países.

En este caso, sin embargo, lo que llevó a Facebook a eliminar las cuentas no fue propiamente la veracidad de lo que estas publicaban, sino el hecho de que no fuesen transparentes sobre quién las dirigía y desde dónde se dirigían.

Es precisamente la reticencia de las grandes empresas de internet a convertirse de forma abierta en árbitros de los contenidos que los usuarios publican lo que muchos críticos ven como el talón de Aquiles de la lucha contra la propagación de noticias falsas.

Las compañías se defienden apelando a la libertad de expresión de los internautas y alegando que plataformas como Google, Facebook, Instagram o Twitter son empresas de internet que proveen servicios a los usuarios y no a medios de comunicación que deban tomar decisiones editoriales. EFE