La Fiscalía española pidió 25 años de prisión para el ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras y entre 16 y 17 años para otros ocho procesados por el referéndum independentista celebrado en la región en octubre de 2017.

El ministerio público considera que todos ellos cometieron un delito de rebelión, uno de los más graves del código penal español, penado hasta con 30 años de cárcel. En total, hay 18 acusados por el proceso independentista. A otros nueve la Fiscalía los acusa de malversación o desobediencia grave.

Además de Junqueras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el "procés" y le pide una pena de 11 años de cárcel, con el argumento que fue una "pieza clave" para "llevar a cabo el plan secesionista" catalán. El ministerio público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a la organización criminal por haber consentido la celebración del referendum del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien pide 4 años de prisión.

Prisión e inhabilitación absoluta

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno". Lo hicieron, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como "mandos subalternos", lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.

En el caso de Teresa Laplana consideran que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad -lo que comportaría penas de hasta 15 años- sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años. Además de 4 años de prisión, a la intendente le piden 5 años de inhabilitación para ser mosso d'esquadra.

Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 "una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia".

Reacciones de la Generalitat

El departamento de Economía de la Generalitat desplegó este viernes una gran pancarta en la fachada de su sede en Barcelona pidiendo la libertad de los políticos presos, tras la acusación de la Fiscalía a los líderes del "procés" por rebelión. La pancarta, colgada en la sede de la consellería en la Rambla de Catalunya con el lema "Llibertat presos polítics", es de color amarillo y en ella aparece también una fotografía del líder de ERC y exvicepresidente y exconseller de Economía, Oriol Junqueras.

El proceso judicial por el referéndum independentista catalán marca un punto de inflexión en un momento delicado en la política española, con el Gobierno de Sánchez en minoría en el Parlamento. El mandatario necesita el apoyo de los partidos independentistas
catalanes para sacar adelante iniciativas y aprobar los presupuestos para el próximo año y éstos condicionan su respaldo a un movimiento del ministerio público respecto a los separatistas presos. 

Tras la presentación de los escritos de acusación, los abogados de los procesados cuentan con un plazo de cinco días para remitir sus escritos de defensa al tribunal.DW