El ministro británico para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab, espera que las negociaciones lleguen a buen puerto antes del 21 de noviembre, aunque aún no se ha alcanzado un consenso definitivo sobre el espinoso asunto de la frontera de Irlanda del Norte.

Si se acaba firmando un acuerdo, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afrontará todavía el reto de aprobarlo en el Parlamento, donde no tiene asegurado el apoyo de la facción más euroescéptica de su partido ni de sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP).

El escenario que se abriría en caso de que no hubiera consenso, o bien si la Cámara de los Comunes tumbara un eventual pacto, es incierto.

Los analistas políticos creen que podría llevar a un nuevo referéndum, a unas elecciones generales, o bien a que el Reino Unido rompa sus lazos con la UE de manera no negociada el próximo 29 de marzo.

May se ha reunido en los últimos días con algunos de los principales empresarios e inversores del país y les ha pedido, según han revelado medios británicos, que presionen para que el pacto al que pueda llegar con Bruselas cuente con un respaldo mayoritario.

Al mismo tiempo, múltiples agentes están alertando de las consecuencias negativas que tendría para el Reino Unido una salida abrupta, entre ellos la agencia de calificación S&P.

Una ruptura no pactada llevaría al país a una contracción del PIB en los siguientes dos ejercicios, desplomaría un 15 % la libra esterlina, elevaría la inflación e incrementaría el desempleo en cerca de un millón de personas, según la agencia.

Desde hace semanas, el Ejecutivo británico diseña planes para hacer acopio de medicinas y otros productos de primera necesidad en previsión de que las fronteras quedaran temporalmente bloqueadas, dado que un "brexit" sin acuerdo obstruiría las transacciones comerciales con los 27 socios comunitarios.

Algunos expertos creen, sin embargo, que las preparaciones para ese escenario, que se produciría dentro de cinco meses, no llevan el ritmo necesario.

"El Reino Unido todavía no está listo para un 'brexit' sin acuerdo", aseguró a Efe Tim Durrant, investigador del grupo de pensamiento británico Institute for Government.

Antes de marzo, multitud de agencias gubernamentales deberían actualizar sus sistemas, el Ejecutivo debería aprobar una enorme cantidad de nuevas leyes y negociar con los países de la UE tratados puntuales en diversos ámbitos, como el de la aviación, en el que serían necesarios permisos especiales para mantener los vuelos entre el Reino Unido y el resto del continente.

Por sectores, la manufactura sería uno de los motores económicos más afectados por un "brexit" duro, según un informe del grupo de pensamiento UK Trade Policy Observatory (UKTPO).

La industria manufacturera, que representa el 80 % de las exportaciones de bienes británicas, podría sufrir un frenazo del 5,5 %, según el UKTPO.

El sector financiero, responsable del 6,5 % de la economía británica, también se resentiría si perdiera el acceso al mercado comunitario.

Los servicios no financieros, un ámbito heterogéneo que representa cerca del 70 % del PIB, se vería asimismo afectado si se imponen tarifas para operar en los 27 países de la Unión Europea, que tras la partida británica representarán un mercado de unos 440 millones de personas.

La falta de acuerdo pondría asimismo trabas a la colaboración científica con el resto de países europeos, lo que pondría en jaque a las universidades y las industrias británicas relacionadas con la innovación.

Ante esa perspectiva, una carta firmada por 29 científicos laureados con el premio Nobel ha pedido al Gobierno que proteja los vínculos con las instituciones comunitarias.

Un "brexit" sin acuerdo dejaría asimismo en el aire el estatus de los ciudadanos comunitarios en las islas británicas, advirtió Durrant.

May ha asegurado que garantizará sus derechos en cualquier caso, pero no ha detallado "cómo lo hará, ni si serán los mismos derechos que aquellos que quedarían resguardados con un acuerdo", indicó el investigador del Institute for Government.