La Corte Nacional de Justicia de Ecuador abrió este miércoles (07.11.2018) juicio penal contra el expresidente Rafael Correa en Quito por su presunta implicación en el secuestro en Colombia del entonces asambleísta ecuatoriano Fernando Balda en 2012. Los otros tres acusados en el caso son Pablo Romero, exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y los agentes de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón son los otros acusados que fueron llamados a juicio.

"Realmente no es una sorpresa. Esperábamos algo así", dijo a los medios el abogado de Correa, Caupolican Ochoa, al termina la audiencia. Este se quejó también de la "desaprensiva presión de carácter político" que "durante las últimas semanas" se ha visto de forma "evidente y pública", según él, "sobre la señora jueza", de lo que acusa no sólo al "poder político sino también de los medios y de actores sociales".

La juez Daniella Camacho suspendió el juicio contra el expresidente hasta que se entregue o sea aprehendido, ya que no puede ser juzgado en ausencia debido a que Correa no reside en Ecuador sino en Bélgica desde 2017 y no puede ser juzgado en este caso en rebeldía. Pablo Romero, el segundo de los acusados, se encuentra también fuera del país, en España en su caso. Así que ambos, que han quedado exonerados del delito de asociación ilícita que pedían la Fiscalía y la acusación particular, no podrá iniciarse hasta que retornen al país o sean capturados y extraditados.

Esta última audiencia preparatoria del juicio se desarrolló de manera reservada durante más de tres horas con la presencia de los abogados de ambas partes, de la fiscal encargada Ruth Palacios y de Balda. La respuesta de la juez responde el pedido de la Fiscalía formulado a fines de septiembre en que pidió, tras haber encontrado elementos de convicción, que Correa y los otros tres vinculados sean llamados a juicio penal. De ellos, los dos agentes de policía fueron incluidos en el programa de protección de testigos tras declarar que fue el Correa quien ordenó el secuestro de Balda.

Antes incluso de confirmarse la noticia, Correa protestaba en las redes sociales al ver que el diario público El Telégrafo tenía lista la portada con ella incluida. Sus simpatizantes y de su exvicepresidente, Jorge Glas (en prisión por otro delito de corrupción) se concentraron en los alrededores de la Corte Nacional. Minutos antes de iniciarse la vista increparon al defensor de Balda, Felipe Rodríguez, al que lanzaron objetos y se vivieron momentos de tensión y forcejeos.

El propio Balda, tras la audiencia, afirmó: "Aunque parezca una victoria, no lo es. No es un momento para celebrar, no podemos celebrar el hecho de que, hoy, Ecuador entero comprobó de manera judicial que estos hechos criminales fueron ordenados por un presidente de la República". Lo que sí celebró es que "este dictamen podrá contribuir para que los decretos criminales de Rafael Correa nunca más se repitan y además servirá como una advertencia para quienes quieran seguir sus pasos".DW