Mychajl Shernakov recordará durante toda su vida los dramáticos días de noviembre de 2013. Entonces, millones de ucranianos pro europeos apoyaban la firma del acuerdo de adhesión a la UE. Tras años de negociaciones, el Gobierno de Kiev rechazó finalmente la anunciada firma y giró hacia Rusia. Una semana después, la manifestación estudiantil pro europea en la plaza de Maidán, la plaza de la independencia de Kiev, fue brutalmente reprimida.

Shernakov estaba entre aquellos cientos de miles de indignados que tomaron las calles. Para el joven abogado de Vinnytsia, una ciudad de provincia al suroeste de la capital, había mucho en juego. Estaba al comienzo de su carrera y ya era juez del tribunal administrativo regional. Por lo tanto, formaba parte el sistema contra el que protestaba. "Tuve la suerte de trabajar con un equipo relativamente joven, pero pronto vi cuán corruptos y políticos eran los tribunales de Ucrania", dijo Shernakov en entrevista con DW.

Reformas después de la revolución

Pocas semanas después de la huida a Rusia del entonces presidente Viktor Yanukovich, en febrero de 2014, el nuevo Gobierno de Kiev firmó el acuerdo de adhesión a la UE. A la vieja guardia pro-soviética del Gobierno le sucedieron jóvenes ministros con experiencia internacional. Ucrania comenzó a cambiar con un ritmo impresionante.

Ante la amenaza de quiebra del Estado, la presión de los acreedores provocó el cierre de los resquicios que permitieron a los poderosos saquear las arcas fiscales durante años. Según estiman expertos del Instituto de Investigación Económica y Asesoramiento Político de Kiev (IER), las reformas impulsadas por los acreedores internacionales a partir de 2014 ahorraron al Estado alrededor de seis mil millones se dólares anuales en el presupuesto: "Antes de las reformas, el dinero iba a parar a los bolsillos de algunos", dice la experta del IER Oleksandra Betliy. Por ejemplo, los oligarcas se enriquecían con las grandes compañías de energía estatales que controlaban.

Sin embargo, el celo por las reformas de Kiev no duró ni dos años. A principios de 2016, renunció el joven ministro de Economía Aivaras Abromavicius. Su principal tarea fue arrebatar a oligarcas y políticos el control de las empresas estatales. Cuando renunció, Abromavicius dijo haber sido presionado por el séquito que rodeaba al presidente Poroschenko. También el joven juez Mychajl Shernakov quedó desilusionado tras las protestas del Maidán. Viajaba a Kiev regularmente para discutir sobre la reforma judicial en mesas redondas. Por sus estudios en Rotterdam y Bolonia, Shernakov tenía experiencia internacional y su meta era reformar el poder judicial para que los jueces pudiesen defenderse de la injerencia política. Sin embargo, pronto entendió que los nuevos líderes de Kiev pretendían gobernar con antiguos métodos.

Nuevas leyes, viejos procesos

A fines de 2015, el juez finalmente renunció a su trabajo en protesta por la influencia política en el poder judicial. Sin bien los activistas y jóvenes políticos, amparados con la ayuda de la UE, lograron imponer nuevos órganos para la autogestión del poder judicial, en la práctica cambiaron pocas cosas. "Los jueces aún dependen de los gobernantes y los órganos judiciales se usan para castigar a jueces que actúan contra el poder", critica Shernakov. En la práctica, la reforma fracasó debido al instinto de poder de las viejas élites de Kiev, pero también debido a la falta de voluntad de la vieja judicatura para luchar por la independencia. Aún así, Shernakov se rinde. Fundó una ONG con expertos internacionales que persigue un cambio de sistema a largo plazo. "Hay que implantar los cambios pronto, incluso durante la capacitación de los juristas", dice el activista.

Daryna Kalenjuk, del Centro de Acción contra la Corrupción, también perdió la confianza en el presidente ucraniano Petro Poroshenko. Critica al liderazgo de Kiev por fingir que realiza reformas ante los donantes internacionales como el  Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y UE. "Hay que destapar las trampas del Gobierno sobre las reformas prometidas y mostrar claramente los riegos ante nuestros socios internacionales", explica Kalenjuk. Tanto su ONG como la de Shernakov cuentan con el apoyo de Gobiernos y fundaciones de otros países de la UE. Ambos representan una nueva generación de reformistas posteriores al Maidan. En los últimos años, han adquirido experiencia y están bien conectados a nivel internacional.

Pese a la creciente resistencia ante las reformas, Ucrania ha cambiado en los últimos cinco años. La novedad de mayor importancia simbólica fue la derogación de la visa para entrar a la mayoría de estados de la UE. Casi 1,5 millones de ucranianos pudieron entrar a países de la zona Schengen desde 2017, sin someterse a molestos procesos de visado. 

Siguiente paso, corte anticorrupción

Como parte del paquete de reformas, también se fundó en 2015 la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU). El presidente Poroschenko presumió de eso en muchos foros internacionales. Sin embargo, las alarmas de las ONGs saltaron pronto, ya que NABU se enfrenta una y otra vez a los obstáculos de la Fiscalía General, cuyo líder es un confidente del presidente.

Aunque NABU destapó docenas de casos de políticos corruptos, incluidos alguno de la órbita de Petro Poroschenko, hasta hoy ninguno fue condenado. Los jueces de la "vieja guardia" mantienen los procesos abiertos durante años y algunas decisiones controvertidas a favor de acusados poderosos siguen generando descontento. Por eso, una coalición de ONGs lucha desde hace años por un tribunal anticorrupción independiente. Este elenco aboga porque los jueces del nuevo tribunal sean elegidos por una comisión internacional de expertos. Finalmente, tras años de lucha, el presidente Poroschenko cedió. "El presidente bloqueó esa ley durante dos años",  explica Shenakov. Sin embargo, gracias a la presión de los donantes internacionales, el tribunal anticorrupción verá la luz en 2019.DW