La información fue confirmada por el Frente Amplio (Perú) en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, donde detalló que la misión estará conformada por los legisladores Marco Arana, quien preside el partido izquierdista; Humberto Morales y Wilbert Rozas.

"Estamos viajando en las próximas horas a Montevideo", declaró Arana a la cadena de televisión RBC antes de indicar que harán la visita "como organizaciones políticas y como representantes de la ciudadanía, y sin un centavo del presupuesto del Congreso".

Acotó que el Gobierno uruguayo "es absolutamente soberano de dar o no el asilo diplomático", pero que quieren informar que en Perú no es "el autoritarismo o una dictadura los que estén poniendo en peligro las libertades, aquí son los corruptos los que ponen en peligro la democracia y las instituciones, y eso hay que decirlo claramente".

Morales sostuvo, a su turno, que "el gobierno, los partidos y la sociedad uruguaya tienen que conocer a detalle que el asilo a García no le alcanza, porque es un procesado por corrupción".

"No existe dictadura, no hay persecución política y hay separación de poderes. Nosotros, como parlamentarios, tenemos la obligación, no solo moral, sino política, de explicar que en nuestro país se respeta la división de poderes", remarcó.

El congresista adelantó que una de las primeras reuniones que tendrán en Montevideo será con los parlamentarios del gobernante Frente Amplio, con quienes buscarán "coincidir en la lucha contra la corrupción que el Perú emprende en este momento".

Arana había planteado este martes que se conforme una misión de legisladores de varios partidos para que viaje a Uruguay a informar al Congreso y a la sociedad de ese país que en Perú no existe una persecución política contra García.

El legislador rechazó que la defensa del exmandatario denuncie una supuesta persecución política cuando este está siendo investigado por delitos comunes, por lo que consideró que no califica para solicitar el estatus de asilado político.

Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político y solo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.

El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo gobierno.

El expresidente (1985-90, 2006-11) está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios de su segundo Gobierno.

El Gobierno peruano comunicó este martes a Uruguay que no existe persecución política "de ningún tipo" contra García porque en Perú "impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales". EFE