"Este pedido pone al país al que le es solicitado el asilo en una posición nada envidiable, porque también debe tomar en cuenta que la decisión que tome podría constituir una intromisión en asuntos internos de otro país", declaró Reusche a Andina.

Agregó que "la decisión sobre el asilo de otro país, ajeno al proceso interno de investigación de actos de corrupción en el Perú, no determina si existe persecución política, ni valida el proceso de lucha contra la corrupción".

"Sería una decisión más de una parte que no es árbitro en el proceso", sostuvo antes de aclarar que la resolución que tome Uruguay sobre este caso no afectaría la disposición de los inversionistas en Perú.

"La calificación no se vería afectada por lo que resulte de esa petición de asilo, pues no tendría repercusiones económicas, financieras, ni fiscales", remarcó.

Reusche también dijo que siempre que se inicia un proceso de lucha contra la corrupción en su país se genera "ruido político" porque si este procedimiento es serio, atenta contra intereses arraigados y se presentan acusaciones de todo tipo.

"Lo importante es que se ve el comienzo de un intento por reforzar las instituciones del país, que siempre han sido muy débiles, y los inversionistas consideran que el ruido producido por el proceso no los inhibe de tener una visión favorable de las perspectivas económicas a mediano plazo del Perú", añadió.

Aseguró también que si el proceso permite un reforzamiento de las instituciones, muchos inversores nacionales y extranjeros, reaccionarían positivamente, pues están de acuerdo con sacrificar algunas décimas de crecimiento económico en el corto plazo a cambio de mayor institucionalidad en el largo plazo.

"Sin embargo persiste la pregunta de si verdaderamente veremos una mejora luego de que se calmen las aguas. Tal vez eso sea lo que determine si el proceso fue válido o no", concluyó.

Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de que es un perseguido político y solo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.

El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo gobierno.

El expresidente (1985-90, 2006-11) está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno aprista.

El Gobierno peruano comunicó este martes a Uruguay que no existe persecución política "de ningún tipo" contra García porque en Perú "impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales". EFE