"Como ciudadano de este país estoy preocupado porque estamos llevando a un payaso ante la Justicia por hacer su trabajo y eso me preocupa por la imagen de mi país y mi bandera", precisó.

Mateo compareció ante la Justicia española tras haber sido citado como investigado por un posible delito de ofensas a símbolos de España y un delito de odio tras la denuncia de una organización sindical de policías.

El humorista se acogió a su derecho a no declarar ante el juez en una comparecencia de apenas cinco minutos en la que no estuvo el fiscal, según informaron fuentes jurídicas.

Al salir del tribunal, Mateo habló con los medios de comunicación y señaló que durante todo este tiempo "se ha hablado mucho sobre los límites del humor" y "sobre si ofende o no" el "sketch" en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España.

En este momento, un grupo de personas que portaban banderas de España le increparon al grito de "malnacido", "desgraciado", "tienes que irte de España" y "respeto a la bandera".

"Como veis no es momento de hablar, están los ánimos muy caldeados", aseguró Mateo ante una nube de periodistas.

Desde el sindicato responsable por la denuncia, su portavoz Raúl Cuesta subrayó que su organización no pretende otra cosa que "defender los derechos y las libertades de los ciudadanos" y que como policías nacionales tienen "la obligación de perseguir todo tipo de delitos".

Su emisión a finales de octubre suscitó críticas y polémica en un momento de tensión en España, donde la crisis política por el independentismo catalán han generado mucha sensibilidad acerca de los símbolos nacionales y el respeto.

Las críticas alcanzaron tal nivel que el canal de televisión decidió retirar el "sketch" de su página de internet al día siguiente de su emisión.

Por su parte, la fiscal general del Estado, María José Segarra, demandó hoy "una reflexión sosegada" sobre los delitos de odio para conseguir una "interpretación proporcional" de los mismos de forma que el ministerio público dé "una respuesta penal proporcionada, disuasoria y garantista" a estos delitos. EFE