El centro de detención está bajo la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de la plaza Venezuela de Caracas y desde el 2 de diciembre de 2017 alberga a estos dos investigados por corrupción.

Entre ellos son primos lejanos y Salazar es, a su vez, primo hermano del exministro de Energía y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, uno de los hombres más poderosos de Venezuela con Chávez y en la actualidad exiliado, sin que se conozca su paradero.

"Es un lugar tan blanco y frío como un quirófano; la asepsia es casi la de un hospital y su blancura y su brillo es el de un quirófano", relatan las fuentes.

Diego Salazar da nombre al que la Justicia venezolana llama el "grupo Salazar", un conjunto de personas perseguidas por las autoridades de ese país y relacionadas con Ramírez, a quien supuestamente ayudaron a desviar fondos de la petrolera estatal, que presidió de 2004 a 2014.

Al menos dos de sus miembros y el que fuera número dos de Ramírez, el exviceministro de Energía Nervis Villalobos, han sido localizados en España, y Venezuela ha pedido su extradición, pero la Justicia española, de momento, se ha opuesto a entregar a uno de ellos, el excontable de PDVSA José Ramón Sánchez Rodríguez, por miedo a que sea maltratado en su país.

Lo ha hecho apoyándose en documentos que aportó el abogado de Sánchez Rodríguez, Ismael Oliver, en los que se refiere a una veintena de peticiones, hasta ahora desoídas, de los abogados de Salazar y Luongo para que les dejen ver la luz del sol, les reconozcan médicos y pasen a disposición del juez, que ha solicitado tomarles declaración hasta en ocho ocasiones.

En el caso de Salazar, de 50 años, los abogados alegan que padece un trastorno bipolar y muestra pensamientos suicidas, sobre todo después de que la Justicia venezolana echara a su mujer y tres hijos de su domicilio y una de sus niñas intentara suicidarse.

"Cuando estás ahí 24 horas al día y tienes algún antecedente psiquiátrico, te altera tu estabilidad emocional", resume su entorno, que explica que su estado físico se ha deteriorado.

Salazar ha reclamado una docena de veces al juzgado y a la Fiscalía venezolana que le examine un psiquiatra y que se designe un fiscal para investigar las condiciones de su reclusión, pero no lo ha logrado.

"No ha sido trasladado e incluso se tiene conocimiento de que la policía nacional contra la corrupción se ha negado a recibir los oficios que le son dirigidos, afirmando que no está bajo su custodia", dice uno de los escritos aportado a la Justicia española.

La situación irregular de Salazar se extiende a su familia, ya que la Justicia ha quitado los pasaportes venezolano e italiano a sus tres hijos (uno de 12 años y dos gemelas de 15), reconociendo que la medida persigue prevenir la posible fuga de la madre, también imputada.

El caso de Luongo, de 64 años, es parecido. Su defensa afirma que padece demencia senil y requiere de un control neurológico constante, cosa que no se le ha facilitado en su celda de "la tumba". EFE