(Emitido a las 9.10)

EMILIANO COTELO:
Hace dos semanas, la decisión de Canal 12 de dejar de emitir el programa Lanata.uy reabrió el debate sobre la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en nuestro país.  Un debate que no interesa sólo a los periodistas y a los medios, como quedó en claro con la repercusión tan fuerte que el caso tuvo entre la gente.

Con esta situación todavía en caliente, tuvo lugar ayer en Montevideo un seminario sobre la libertad de prensa, los medios y la buena gobernabilidad, organizado por la UNESCO y la Asociación de Radios Comunitarias.

Entre los participantes de este encuentro estuvo el actual relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Se trata del doctor Eduardo Bertoni, quien nos acompaña esta mañana en los estudios de El Espectador.

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Doctor Bertoni, usted es relator especial para libertad de expresión de la CIDH. ¿Qué es esta relatoría? Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes no sabían que existe.

EDUARDO BERTONI:
Le agradezco la pregunta porque es bueno informar qué hacemos desde la CIDH. Como muchos sabrán, la CIDH es uno de los dos órganos de la OEA encargados de la protección y la promoción de los Derechos Humanos en nuestro continente. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, que es un típico tribunal, juzga acciones de los Estados como posibles violadores de Derechos Humanos, y el otro órgano es la CIDH, que de acuerdo a la carta de la OEA, a la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene actividades de promoción de Derechos Humanos, de monitoreo de Derechos Humanos, y por cierto también de llevar los casos a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dentro del ámbito de la CIDH existen ciertas divisiones temáticas, una de las divisiones temáticas tiene que ver con el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Y así fue que en el año 1997 la CIDH decide crear una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que no es otra cosa que una oficina que opera dentro del marco de la CIDH encargada de hacer monitoreo, promoción, asesorar a la comisión en los casos que se llevan a la Corte Interamericana, cuando todos estos casos tienen que ver con libertad de expresión.

EC - ¿Qué tipo de acciones lleva adelante entonces? ¿Cómo desarrolla su trabajo?

EB - Básicamente lo que le decía, hacemos trabajo de promoción, monitoreo y asesoramiento, tanto a la CIDH como a los Estados. En cuanto a promoción, organizamos eventos que tiendan a difundir los estándares de libertad de expresión, a veces participamos en eventos como el seminario en el que participé ayer. El monitoreo es una de las tareas importantes que realiza la relatoría, recibimos información sobre situaciones que puedan estar afectando la libertad de expresión en los distintos países del hemisferio, y a partir de la información que recibimos elaboramos informes que presentamos a la CIDH. Muchas veces vamos a buscar esa información, no es información que recibimos en nuestra oficina en Washington. ¿Qué quiero decir cuando digo que la vamos a buscar? Quiero decir que vamos a los países en visitas oficiales, en visitas a veces de tipo académico, y ahí tenemos la oportunidad de reunirnos y tomar de primera mano la información reunidos con funcionarios de gobierno, con la sociedad civil, y eso también nos sirve para nutrir nuestros informes.

En cuanto a asesoramiento, tenemos la posibilidad de brindar asesoramiento legal a la comisión para los casos que tengan que ver con presuntas violaciones de la libertad de expresión que la comisión decida mandar a la Corte Interamericana.

EC - ¿Puede mencionar algún ejemplo en el capítulo concreto de monitoreo? Supongo que ha habido muchos en estos siete u ocho años que tiene de existencia esta relatoría.

EB - En realidad hacemos el monitoreo en la mayor cantidad de países posible, y tenemos un informe, que es el informe anual que le presentamos a la CIDH, donde detallamos la situación de muchos –casi todos– países de nuestro hemisferio. Por ejemplo acabo de volver de una visita oficial a Colombia, donde estuvimos diez días entrevistándonos con funcionarios del gobierno y sociedad civil. Al término de la visita hicimos nuestras observaciones preliminares y ahora estamos elaborando un informe que vamos a presentar primero a la comisión y que eventualmente después se hará público. Este tipo de visitas de tipo oficial son habituales de la relatoría.

EC - Cuando a ustedes les llegan denuncias sobre problemas con la libertad de expresión en un determinado país, ¿de qué origen son? Supongo que en buena parte de los casos la denuncia viene de periodistas o eventualmente de medios; ¿pero les llegan también denuncias desde la población o desde la sociedad de los distintos países?

EB - La pregunta es excelente. Nosotros somos una relatoría de libertad de expresión, no una relatoría de libertad de prensa. La libertad de expresión es algo más amplio que la libertad de prensa, sin desmerecer a la libertad de prensa que también es fundamental para la democracia, pero es un medio para ejercer la expresión. Hago esta introducción porque es cierto que recibimos a veces denuncias, quejas, de personas que no son periodistas, por ejemplo defensores de Derechos Humanos, que también hacen uso del ejercicio de la liberta de expresión para llevar adelante su tarea, o personas, funcionarios, representantes políticos, etcétera. No es solamente una acumulación de denuncias de posibles violaciones a la libertad de prensa. La libertad de expresión es algo más amplio que la libertad de prensa y de eso nos ocupamos.

EC - ¿Ha resultado efectiva la gestión de esta relatoría? ¿Han conseguido modificar situaciones problemáticas?

EB - Siempre me gusta decir que nosotros no somos quienes podemos modificar situaciones problemáticas, quienes modifican son los actores locales, los que trabajan todos los días en su país, en su ciudad, en su medio, donde ellos son quienes pueden llevar adelante los cambios.

EC - Pero por algo un caso se lleva a esta relatoría de la CIDH, con la intención de que ustedes hagan algo o que el solo hecho de que la denuncia se presente termine generando consecuencias sobre lo que pasa dentro de ese país.

EB - A eso iba. Lo que hacemos es dar un apoyo, tratar de poner a veces en la luz pública internacional alguna de estas situaciones, pero el cambio tienen que efectuarlo los actores locales.

Yendo a ejemplos, le voy a dar uno de hace un par de semanas. Hicimos una visita oficial a Honduras hace un par de años, existía una legislación de desacato en ese país, tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios funcionarios, entre ellos el fiscal general de la República, y a partir de nuestras conversaciones accionó judicialmente en el ámbito hondureño para pedir la inconstitucionalidad de los delitos de desacato. La Corte hondureña acaba de derogar los delitos de desacato en Honduras. Es un ejemplo, pero hay más.

EC - En ese ejemplo tengo que pedirle algo más de precisión, porque no sé si el público conoce cuál es el problema de los delitos de desacato.

EB - Los delitos de desacato son aquellos que permiten llevar a la cárcel a una persona que critica a un funcionario público. Esto dicho de una manera muy básica, es una simplificación.

EC - Esa es una de las preocupaciones de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH, tengo entendido que es una de las prioridades; ¿podemos ver cuáles son las principales líneas en que se basa el trabajo?

EB - Esa es una de las principales. Una de las cuestiones problemáticas en nuestro hemisferio tiene que ver con lo que podemos englobar dentro de un capítulo titulado agresiones físicas, que no se da en todos los países pero se da en buena parte de la región. Agresiones físicas que van desde intimidaciones, agresiones físicas concretas, hasta asesinatos. Cuando estas agresiones se perpetúan, cuando no hay investigación de las mismas, cuando se perpetúa un clima de impunidad, estamos ante un modelo en el cual la libertad de expresión no puede ejercerse plenamente. Es una preocupación de la relatoría que seguimos muy de cerca, instando a los Estados a prevenir estos hechos y a investigarlos cuando ocurran.

Pero hay otro tipo de agresiones, que son las que podemos llamar mal uso o uso arbitrario o abusivo de las legislaciones; a veces yo las llamo acoso judicial. Esto es la utilización de las leyes de difamación, de desacato, con la intención de crear un efecto intimidatorio en quienes realizan trabajos de investigación, en general investigación periodística, pero también están en este grupo defensores de los Derechos Humanos.

Entonces agresiones físicas, acoso judicial y un tercer tema que tiene que ver con lo que llamamos el acceso a la información pública. Esta es una parte importante del ejercicio de la libertad de expresión, es difícil hablar de la existencia de la libertad de expresión si la población no tiene información. Entonces la generación de mecanismos que permitan acceder a la información pública es muy importante para que la ciudadanía esté informada; esto tiene que ver directamente con la libertad de expresión.

EC - Desde la audiencia Horacio, de Lomas de Solymar, le pregunta si en esta relatoría se hace una diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de información.

EB - Habría que precisar un poco y no quisiera ser muy dogmático conceptualmente, pero la libertad de expresión es una de las libertades fundamentales y el derecho a la información también es un derecho. ¿Qué queremos decir con libertad de información? Si lo que queremos decir es que la ciudadanía tiene el derecho a acceder a la información pública, por cierto que es un derecho que también surge de las convenciones internacionales, es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado.

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EC - Hablemos de nuestro país, de Uruguay. Uno de los cometidos de la Relatoría es aconsejar a los países que eliminen de su legislación cualquier norma que afecte la libertad de expresión. ¿Cómo está Uruguay en esta materia? ¿Cuál es el diagnóstico a propósito de Uruguay.

EB - Casualmente en el seminario en el que tuve oportunidad de participar ayer se tocaron varios de los temas en los que creemos que Uruguay debería encarar reformas legislativas. Uno tiene que ver con la eliminación de la legislación de desacato, la reforma de las leyes de difamación que pueden ser utilizadas de manera abusiva. Es un tema que está pendiente en Uruguay, es un tema que provoca un clima que a veces no es el mejor, hay decisiones de jueces de instancia que llevan a los periodistas a procesos penales; como yo decía en el bloque anterior, si esto se perpetúa, si un periodista tiene que ir muchas veces a contestar preguntas a tribunales porque se le está imputando la comisión de un delito –porque de esto se trata–, la próxima vez que vaya a iniciar una investigación periodística lo va a pensar dos veces.

EC - Sobre ese tema desde la audiencia quienes ofician de público o eventualmente son gobernantes o han ocupado cargos de gobierno pueden estar preguntándole a usted en este momento: ¿por qué es un problema este tipo de legislación? ¿No tiene derecho a defenderse alguien que se siente afectado por una información periodística?

EB - Sí, por cierto que tiene derecho a defenderse. Lo que tenemos que tener claro es que la herramienta del Derecho Penal es la herramienta de control social más fuerte que tiene el Estado, es lo que muchos llaman el garrote estatal. Entonces hay que ser muy cautelosos al utilizar el garrote estatal en el balance del ejercicio de la libertad de expresión con la posibilidad de brindar información. Por eso nosotros, y no sólo nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decidió el año pasado un par de casos. Uno concretamente era el de un periodista que había hecho una reproducción de noticias salidas en el extranjero sobre un diplomático de su país y había sido condenado penalmente. Lo paradójico era que en Europa se podía conocer lo que se decía de este diplomático y en su propio país no se podía conocer porque el Poder Judicial le había hecho una persecución judicial, un proceso penal, lo había condenado y lo había obligado a sacar todas las notas que habían salido. Entonces utilizar el garrote estatal para defender el honor, la reputación –porque las personas y los gobernantes pueden sentirse absolutamente dañados–, es lo que genera el problema para la libertad de expresión.

EC - ¿Cuál es la alternativa entonces?

EB - La alternativa puede ser las demandas civiles, que también tienen que ser proporcionadas, porque no podemos generar un sistema de intimidación igual que el penal. Si decimos "derogamos toda la legislación penal y dejamos solamente la civil, la demanda por daños y perjuicios", pero no le ponemos algún grado de proporcionalidad, los efectos pueden ser muy malos también.

EC - Seguimos. Usted estaba hablando del caso uruguayo y de las cuestiones que están pendientes en materia legal que ayer se discutieron en este seminario. ¿Qué más?

EB - El otro tema –que es un tema de agenda de la relatoría y un tema de agenda en la región– es el acceso a la información pública. Ayer casualmente tomé conocimiento de que existieron algunos proyectos de acceso a la información pública que no pudieron seguir adelante en el trámite legislativo uruguayo. Por cierto que tanto el vicepresidente de la República como la presidenta de la Cámara de Representantes ayer durante el seminario manifestaron la necesidad de que Uruguay camine en pos de tener leyes de acceso a la información pública. Lo escuché con mucha satisfacción, sería importante que en Uruguay, como en otros países –es bueno señalarlo–, se establezca un sistema que permita el acceso a la información pública. Y cuando digo otros países, son muchos los países de la región que por lo menos desde el año 2002 están aprobando leyes de acceso a la información pública.

EC - ¿Qué pasa con las radios comunitarias?

EB - Este fue otro de los temas que se trataron en el seminario y que también es un tema de agenda de la CIDH y particularmente de la relatoría. Hay una gran discusión sobre el tema de establecimiento o no establecimiento de radios comunitarias. Nosotros defendemos desde la relatoría y la comisión la necesidad de que existan marcos legales que permitan el acceso a frecuencias de radio y televisión a grupos que tradicionalmente o generalmente no tienen acceso a los medios de comunicación.

EC - Porque cuando hablamos de radios comunitarias, en general terminamos hablando de radios clandestinas; es más, durante muchos años se las denominó radios pirata en algunos lugares del mundo. Son emisoras puestas en el aire al margen de los permisos, de las autorizaciones legales vigentes en los países, justamente por los que usted mencionaba: organizaciones, grupos de personas que no tienen acceso a los mecanismos formales. Usted me está mirando como para hacer una puntualización; ¿no todas son clandestinas?

EB - No, lo que ocurre es que me parece que la estigmatización no es buena ni ayuda, lo clandestino, lo pirata. Hemos dicho y decimos en nuestros informes: no estamos a favor de la clandestinidad, del delito ni de personas que inescrupulosamente quieran utilizar el espectro radioeléctrico de una manera abusiva. Pero sí creemos que el espectro radioeléctrico, que es administrado por el Estado, tiene que tener una adjudicación de frecuencias que no sea únicamente por mecanismos económicos. Lo que decimos y dice nuestra Declaración de Principios de Libertad de Expresión es que la asignación de frecuencias tiene que estar dada también por criterios democráticos. Y dentro de estos criterios democráticos hay espacios del espectro radioeléctrico y experiencias en otros países de adjudicación a grupos de personas que presentan planes determinados para hacer información una determinada comunidad.

EC - Usted mencionó que la asignación de frecuencias no debe estar regida sólo por factores económicos; en el caso de Uruguay no se paga por las licencias, no es ése el inconveniente, el filtro para que acceda a permisos el tipo de organizaciones que operan con radios comunitarias. Parecería que los problemas vienen por otro lado en todo caso.

EB - Pueden venir el tema de los programas en los que cierto tipo de comunidades barriales, locales, puedan querer hacer uso del espacio radioeléctrico para difundir y expresar problemas que sean eminentemente locales.

EC - Está bien, entiendo, pero parecería que el problema no es que el filtro sea económico sino que por lo visto ha sido hasta ahora político, en definitiva no son criterios transparentes y reglados para la asignación de frecuencias, están cargados de una discrecionalidad fuerte y son los que hasta ahora han llevado a dejar afuera a este tipo de organizaciones.

EB - Por supuesto. Usted acaba de decir dos palabras que son fundamentales en este tema: cuestiones políticas y discrecionalidad. Obviamente detrás de este tipo de asignaciones tiene que haber voluntad política para que el espectro radioeléctrico sea administrado de una determinada manera. Además esa administración del espectro tiene que ser transparente. Y la transparencia de la administración del espectro radioeléctrico la da una buena legislación que contemple este tipo de posibilidades también.

EC - ¿Hubo anuncios de las autoridades del gobierno presentes en el seminario ayer a propósito de este tipo de cuestiones?

EB - Hubo anuncios de estudiar un sistema nacional de telecomunicaciones en el que se tenga en cuenta esta problemática.

EC - ¿Queda algún otro aspecto del caso Uruguay que valga la pena destacar sobre cómo lo está siguiendo la Relatoría sobre Libertad de Expresión?

EB - Ayer en el seminario surgió un tema sobre el cual desde la Relatoría no habíamos recibido información con anterioridad, pero me gustaría traerlo porque es otro de los temas regionales: la utilización de la publicidad oficial. La utilización de la publicidad oficial fue objeto de tratamiento por parte de la relatoría en el informe anual del año 2003, hace apenas un par de año; en ese momento establecimos, después de hacer un estudio en la región, que en la mayoría de nuestros países no existen reglas claras para el otorgamiento de la publicidad oficial. Y cuando no existen reglas claras se deja a discrecionalidad de un funcionario público el otorgamiento de la publicidad; y cuando la discreción se puede transformar en arbitrariedad, en un mecanismo de presión para los medios de comunicación, esto es realmente grave para el ejercicio de la libertad de expresión.

EC - El caso del levantamiento del programa de Jorge Lanata en Canal 12, ¿ha sido remitido a la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH?

EB - Por ahora no; estoy en Uruguay desde hace un día y medio y entiendo que es un tema candente aquí, he recibido comentarios de lo sucedido y posiblemente mantenga hoy algunas reuniones para informarme sobre exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese programa.

EC - Según tengo entendido, los responsables del programa van a entrevistarse con usted, incluso el propio Lanata, que después tiene previsto hacer una conferencia de prensa.

EB - No sabía lo de la conferencia de prensa, sabía que tengo agendada una reunión con el señor Lanata.

Documentos asociados: Discurso del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, en el seminario internacional "Libertad de prensa, medios y gobernabilidad democrática".

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Alexandra Hahn