La ley busca combatir las confiscaciones de tierras y terminar con la transferencia de tierras de granjeros a emprendimientos agrícolas sin indemnizar adecuadamente a los afectados, lo que genera frecuentes conflictos en el campo chino.

El texto, que entrará en vigor el 1º de octubre, fue aprobado por el 99% de los legisladores en la última sesión anual de la Asamblea Nacional Popular –el Parlamento–. Pero su aprobación no fue fácil, ya que el texto fue presentado por primera vez en 2002 después de años de preparación, y pasó por siete lecturas antes de ser sometido a votación.

Además, se adoptó otra ley para terminar –de manera progresiva- con los privilegios fiscales de las empresas extranjeras respecto a las nacionales, fijando una tasa del 25% para todos los emprendimientos. Esto regirá a partir del 2008.

Ambas leyes fueron aprobadas por mayorías, pese a que algunos viejo líderes comunistas se oponían a la ley sobre la protección privada. Un sector del Partido Comunista se opuso al proyecto por considerar demasiado capitalista la consagración de los derechos individuales. Otros legisladores argumentaban que la ley permitiría a algunos, sobre todo a funcionarios corruptos, proteger los bienes de los cuales se han apoderado. Sin embargo, sus partidarios destacaron la necesidad de clarificar los derechos de propiedad.