Por Gonzalo Sobral, enviado especial de El Espectador

Después que el grupo de países africanos suspendiera este martes, unilateralmente, las reuniones por algunas horas como medida de presión, la calma regresó a Barcelona y los negociadores tratan de acercar posturas de cara a la Cumbre del Cambio Climático de Copenhague, en diciembre próximo.

Los africanos reclaman que los países industrializados pongan sobre la mesa de negociación cifras concretas que reflejen sus compromisos de reducción de emisiones, al tiempo que establezcan los montos de dinero que se van a transferir para mitigar los efectos del cambio climático.

"Fue una medida de presión para que la UE dejara de mirar hacia los Estados Unidos. Con lo de ayer (martes) ganaron un poco más de espacio y respeto. Para África, el cambio climático es una cuestión de vida o muerte", explicó a El Espectador el observador de la agencia internacional de desarrollo Oxfam, Antonio Hill.

"Si bien la UE fue quien negoció con el grupo africano, Canadá y Japón se sumaron a los países poderosos que se han comprometido a acelerar los tiempos en Barcelona", indicó.

La postura de este martes fue apoyada (aunque no de manera explícita) en las reuniones a puertas cerradas por otros integrantes del G77 (donde está Uruguay) y China, confirmaron esta mañana a El Espectador varios negociadores latinoamericanos.

En el mediodía de este miércoles, Lumumba Sanislaus, el sudanés que preside el G77, señaló en conferencia de prensa que para los países más pobres el foco "está en el porcentaje de las reducciones, la financiación y la transferencia de tecnología". Según ellos, todos los países tienen que comprometerse a reducir un 40% sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2020, tomando como base el año 1990.

"Todavía es posible un acuerdo, pero los países ricos tienen que darse cuenta que el cambio climático es catastrófico y en los países menos desarrollados el tiempo se acaba", sentenció.

Luego, el sueco Anders Turessen, en representación de la UE explicó que su compromiso es "de un 20 a un 30% para 2020, así como la disponibilidad de fondos por 100.000 millones euros para cubrir mitigación y adaptación".

Por su parte, la negociadora española Alicia Montalvo aseguró que los tiempos apremian. "La UE piensa que un acuerdo jurídicamente vinculante es poco probable que se llegue a firmar en Copenhague", afirmó, al tiempo que explicó su preocupación por lograr acuerdos sólidos que establezcan derechos y obligaciones.