Los activistas se concentraron este jueves frente a la embajada de Finlandia, en Buenos Aires, para realizar una protesta.  Además, solicitaron una nueva reunión con el canciller argentino, Héctor Timerman.

En Uruguay, senadores y diputados analizarán una convocatoria al Parlamento del canciller Luis Almagro.

Es una jornada de repercusiones en Argentina tras el acuerdo que alcanzaron José Mujica y Cristina Fernández con los respectivos cancilleres.

Por un lado, los asambleístas de Gualeguaychú rechazaron el convenio binacional y protagonizaron dos hechos: una marcha a la embajada finesa en Capital Federal y la solicitud de entrevista con el canciller de ese país, Héctor Timerman.

A las 7:30 horas salió un ómnibus y varios automóviles particulares desde Gualeguaychú hasta la sede diplomática. Se concentraron en la vía pública y leyeron una proclama.

En el texto leído, los asambleístas señalaron que "los países del norte están empeñados en sacarse de encima las industrias contaminantes".

Dirigiéndose a la embajadora finesa en Buenos Aires, la proclama señaló: "Usted debe saber que nunca le daremos licencia social a este emprendimiento ilegal y contaminante, y que lucharemos por todos los medios pacíficos posibles hasta lograr su desmantelamiento o su relocalización fuera de la Cuenca del Río Uruguay".

Además, los asambleístas condenaron al gobierno de Uruguay por su "violación" a las normas que regulan las actividades del cauce compartido

Asimismo, acusaron a Finlandia como "culpable de favorecer y formar parte de este emprendimiento contaminante y como culpable también de los problemas que UPM causa en la zona".

El asambleísta José Pouler dijo a El Espectador que lo convenido entre Uruguay y Argentina no fue lo que conversaron semanas atrás con Timerman.

Pouler señaló que desean conocer "la letra chica" de los términos del control ambiental y le pedirán a Timerman que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú pueda designar a un veedor que se integre a la delegación científica argentina encargada del monitoreo.

"Según nos decía nuestro canciller, el monitoreo iba a ser continuado en Botnia y lo que se ha logrado es un monitoreo del río Uruguay -al que la verdad que nos enorgullece que el río no se convierta en un riachuyelo-, pero en lo que nos atañe a nosotros que son los efectos aéreos que llegan a Gualeguaychú el continuo lograría evitarlo porque lo marcaría enseguida. Esto de entrar 12 meses al año, que puede ser una vez al mes,  o seis veces un mes, seis veces otros mes y después no entrar la verdad que está lejos de lo que nosotros aspirábamos", afirmó Pouler.

El 19 de agosto caduca el plazo de 60 días de levantamiento del corte de la Ruta 136 que comunica con el puente internacional General San Martín.

En una nueva asamblea que se celebrará en esa fecha, los asambleístas determinarán si la suspensión del corte continúa o si vuelven a la ruta.

Por su parte, Raúl Estrada Oyuela, ex encargado de Asuntos Ambientales de la Cancillería de Argentina, dijo que es "bastante poco lo que se avanzó" desde el 2 de junio, fecha en la que se reunieron los presidentes en la estancia de Anchorena.

Luego de conocer el acuerdo firmado, Estrada Oyuela afirmó que el plan de trabajo no está claro: "No está dicho todavía" y tampoco "está dicho qué es lo que se va a monitorear" en el río Uruguay.

Según el ex representante para negociaciones ambientales de la Cancillería argentina, "lo único que se presenta es esta idea de un comité de cuatro científicos, el trabajo para hacer es para mucho más que cuatro personas.".

En cuanto a cómo se llevará a la práctica el monitoreo, los gobiernos acordaron que en 30 días se conformará en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) un "comité científico" integrado por dos técnicos uruguayos y dos argentinos, que serán elegidos por cada país.

El trabajo del comité será el de efectuar un control medioambiental del río Uruguay y "todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río Uruguay y sus áreas de influencia".   

Según el acuerdo, cuando el monitoreo se realice en la franja costera uruguaya, las acciones estarán a cargo de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) y el comité científico de la CARU. Los procedimientos se guiarán por la normativa de la CARU y la legislación uruguaya.

En la margen argentina, el control estará a cargo de las autoridades medioambientales de las provincias analizadas, acompañadas por la delegación científica de la CARU. En ese caso, los procedimientos deberán respetar las normas provinciales del Estado argentino y de la CARU.

El presidente de la delegación uruguaya ante la CARU y presidente de la CARU, Eugenio Lorenzo, explicó a El Espectador que en el caso de Argentina son los organismos de las provincias fronterizas los que actuarán.

Se trata de Entre Ríos en la zona sur y Corrientes en la zona norte que limita con Uruguay.

Al realizar las tareas de control, el organismo de cada país y el comité científico de la CARU tomará muestras por duplicado del agua y el aire. Una de las muestras será entregada "en el acto" a la CARU.

El acuerdo implica que se utilicen "sensores" y las "innovaciones científicas y tecnológicas" necesarias para estudiar los efluentes líquidos y emisiones gaseosas que puedan llegar al cauce del Río Uruguay.

Lorenzo explicó las tareas del comité científico binacional.

"Este comité reportará los resultados que obtenga y las repercusiones que obtenga a la CARU para que a su vez lo comunique a los estados partes de modo tal de que si hubiera alguna acción que fuera conveniente y necesario implementar a partir de los resultados que este comité obtiene se traslade a la parte que corresponda", afirmó Lorenzo.

En otro punto del acuerdo, los gobiernos establecen que habrá hasta 12 ingresos por año a los establecimientos ubicados en las dos márgenes del río. La Dinama ya ingresa un vez por mes a UPM.

Los resultados de los análisis serán públicos, aunque se respetarán "los tiempos científicos".  Los resultados de los estudios deberán ser elevados por el comité científico a la CARU para que, a su vez, este órgano lo remita a los Estados parte del convenio.
 
El último punto del acuerdo binacional señala que el monitoreo del comité científico de la CARU comenzará por la planta de UPM, en Fray Bentos y por la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay.

Después seguirá por un establecimiento en Argentina elegido por el gobierno uruguayo. A partir de entonces, continuará en uno y otro país de manera alterna.

La CARU establecerá el cronograma de ingresos y estudios que se llevarán a cabo de otros emprendimientos a orillas del río una vez que finalicen los análisis del tramo donde se ubica UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el río Uruguay, dijo Lorenzo.

El funcionario explicó la importancia de comenzar el monitoreo por esta zona.

"En este tramo, si uno pensara un tramo que va desde el puente San Martín hasta la zona de Las Cañas, claramente los dos aportes principales que está recibiendo el río en ese caso son sobre la margen uruguaya la descarga de los efluentes industriales de la planta Orión y sobre la margen derecha los aportes del Río Gualeguaychú que recoge una amplia zona de uso agrícola, urbana de la ciudad de Gualeguaychú y también de industrias en torno a ellas", indicó Lorenzo.

Desde el gobierno se observa que el acuerdo es favorable a Uruguay. Según fuentes del Poder Ejecutivo, el acuerdo firmado es un "calco" de la contrapropuesta enviada el miércoles para el análisis de Argentina.

Una fuente del gobierno explicó a El Espectador que el éxito del pacto binacional radica en que no hay un ingreso "intempestivo" a UPM, sino que se hará una vez por mes, sólo con científicos y bajo la tutela de la Dinama.

Para ello se aceptarán los parámetros que maneje esta repartición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, motivo por el cual, Uruguay continúa teniendo el control de la situación y no pasa a ser de Argentina.

Para Lorenzo, el acuerdo entre los gobiernos "no es innovador" porque el ingreso a la planta ya se realiza.

"No estamos haciendo más de lo que habitualmente se hace", dijo, aunque aclaró que "había poco ejercicio" en el envío de la información sobre los efluentes vertidos en el cauce compartido.

Luego del viaje a Argentina, el presidente José Mujica aseguró que se logró un "acuerdo básico" con ese país, que "le da conformidad a las dos sociedades y los dos gobiernos", asegurando que la jornada de este miércoles no es "histórica", sino de "historieta".

En tanto, el canciller Luis Almagro reunió en la sede ministerial a los líderes de la oposición, a quienes explicó el acuerdo a fin de mantener unido el frente interno. En líneas generales, hubo conformidad con la información recibida, según declararon Luis Alberto Lacalle, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres.

Los diputados y senadores de las comisiones de Asuntos Internacionales analizarán la próxima semana una convocatoria al canciller al Parlamento. "Será de orden", dijo el senador colorado Ope Pasquet, quien exhibió beneplácito por el acuerd