La demanda fue interpuesta por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba (ADIT) el 21 de marzo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, confirmó a la AFP la oficina de Prensa del Poder Judicial.

La presidenta de ADIT, Geini Gutiérrez, explicó que la demanda se fundamenta en la Ley Indígena que declara sus territorios "inalienables" y su propósito es lograr que la empresa estatal a cargo de la obra, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), abandone sus tierras ancestrales.

Gutiérrez manifestó que la demanda fue presentada tras fracasar varios intentos de llegar a un acuerdo con los jerarcas del ICE.

"Se les pidió (a los jerarcas del ICE) formalmente que para empezar a negociar necesitamos que desocupen el territorio indígena y no hubo ninguna respuesta. Siguen ahí trabajando como si nada estuviera pasando", declaró la dirigente.

La planta de generación eléctrica de Diquís, que se construye en la zona sur de Costa Rica a un costo de 2.072 millones de dólares, es el mayor proyecto de su género en Centroamérica, con capacidad para generar hasta 630 megavatios a partir del año 2016.

La represa que se prevé construir para el funcionamiento de la planta inundaría 7.600 hectáreas de la reserva indígena, obligando al desplazamiento de algunas localidades, ha admitido la misma empresa estatal.

El ICE ha invertido 80 millones de dólares en los estudios de viabilidad e impacto ambiental, pero asegura que no ha iniciado la obra material.

Los indígenas son respaldados por la Defensoría de los Habitantes, que acusa a los funcionarios de la empresa estatal de no agotar la vía del diálogo con los dirigentes de la comunidad indígena.

"No ha habido un esfuerzo estatal por canalizar la voluntad de los indígenas, falta un vocero confiable por parte del ICE y un análisis transparente de las consecuencias", apuntó el defensor adjunto Gerardo Fallas.

Fuente: AFP