Los gobiernos tendrán hasta febrero de 2014 para ajustarse a las normas, que fueron aprobadas el pasado mes de enero por el Parlamento Europeo.

Con ellas, la UE pretende establecer una recogida sistemática y un tratamiento adecuado de materias como el oro, la plata, el cobre y los metales raros que se usan en aparatos como televisores, ordenadores y móviles, recordó hoy en un comunicado la Comisión Europea.

"En esta coyuntura de crisis económica y subida de los precios de las materias primas, la eficiencia en el uso de los recursos es lo que aúna los beneficios medioambientales y las oportunidades innovadoras de crecimiento", señaló en la nota el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

La nueva legislación europea fija un objetivo de recogida del 45 % de los aparatos electrónicos vendidos, que será obligatorio a partir de 2016.

A partir de 2019, esa meta se elevará al 65 % de los aparatos vendidos o al 85 % de los residuos electrónicos generados.

La CE, en todo caso, animó hoy a los Estados miembros a tratar de lograr esos objetivos antes de las fechas requeridas.

Actualmente, la meta de recogida es de 4 kilos de residuos por habitante, es decir unos 2 millones de toneladas anuales frente a los alrededor de 10 que se generan en la UE.

Según las previsiones de Bruselas, para cumplir con los objetivos fijados para 2019 se tendrán que recoger unos 20 kilos por habitante, dado que se espera que el nivel de residuos aumente de forma importante.

La directiva prevé, una vez que está adaptada a las legislaciones nacionales, que los consumidores puedan devolver los aparatos electrónicos de menor tamaño en los grandes establecimientos minoristas o que los países dispongan de un sistema igual de efectivo para la recogida.

También hoy han entrado en vigor nuevas normas para mejorar la información de los ciudadanos sobre las amenazas que pueden plantear instalaciones industriales situadas cerca de sus domicilios, una parte de la conocida como directiva "Seveso".

Con ellas deberá trasladarse por vía electrónica información sobre los riesgos potencial y las industrias deberán indicar cómo se harán sonar las alertas y cómo los ciudadanos deben actuar en caso de accidente grave.

En caso de accidente, las autoridades tendrán que comunicarlo a todas las personas que puedan verse afectadas y se deberá tener en cuenta una distancia de seguridad adecuada a la hora de definir plantes de ordenación urbana.

Además, dentro de Seveso se establecen normas sobre el acceso a la Justicia para los ciudadanos a los que no se haya informado correctamente y normas más rigurosas sobre inspecciones de las instalaciones.

Los Estados miembros deberán aplicar estas disposiciones como muy tarde a partir del 1 de junio de 2015.

Fuente: EFE