La normativa, que entra en vigor hoy, contempla una serie de prohibiciones que pretenden resolver el problema de la tala ilegal en todo el mundo y paliar así su impacto económico, ambiental y social.

El reglamento obliga a los operadores que importen o produzcan madera a identificar el país de procedencia de la materia prima y verificar su legalidad.

En un comunicado, WWF destacó que se trata de la primera normativa de este tipo, y señaló que pese a que su aplicación se ha preparado durante dos años, "no está claro qué países han introducido las medidas necesarias a tiempo, incluidas las multas y sanciones en caso de incumplimiento".

A juicio de esta organización, "está por ver si la ley se aplicará de forma equitativa en toda la UE, ya que algunos países prevén sanciones penales en caso de incumplimiento y otros sólo pondrán multas".

Por ello, WWF pidió a los países "que se tomen en serio" la normativa, lo que supone "introducir sanciones efectivas y un sistema de inspección que funcione".

En particular, señala la necesidad de designar agencias nacionales competentes para supervisar la aplicación de la ley, "con suficiente personal y financiación para garantizar controles anuales" en la industria de la madera.

La tala ilegal supone una grave amenaza medioambiental porque contribuye al proceso de deforestación y de degradación de los bosques, responsable de aproximadamente el 20 % de las emisiones mundiales de CO2, según datos de la Comisión Europea.

Bruselas ha impulsado la nueva normativa con la intención de contribuir a la lucha global contra esta práctica, cuyo control se ve dificultado por el actual sistema de demanda mundial de madera y productos derivados, junto con las deficiencias institucionales y de gobernanza del sector forestal en algunos países productores.

Países como EEUU o Australia ya han puesto en marcha normativas similares a la de la UE para eliminar la tala ilegal y el comercio asociado a esta práctica y contribuir de este modo a mitigar el cambio climático. EFE