(emitido a las 8.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La semana pasada el Gobierno anunció una serie de medidas para enfrentar los focos de contaminación que están afectando al río Santa Lucía, de donde se abastece OSE para suministrar agua potable al 60% de la población de nuestro país.

Estos problemas salieron a la luz en marzo pasado a raíz de un episodio de mal olor y sabor en el agua que proveían las canillas de los habitantes de la zona metropolitana.

Entre las acciones que resolvió el Poder Ejecutivo para la cuenca del Santa Lucía se propone un control fuerte sobre frigoríficos e industrias y además una serie de limitaciones al funcionamiento de los tambos y de los engordes a corral, junto con una regulación de los cultivos de soja y otros granos.

Pero algunos investigadores y también parlamentarios consideran que la reacción es tardía y además incompleta. Vamos a conocer lo que ha estado haciendo la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), vamos a entender a fondo cuáles son estas acciones que se preparan. Para eso estamos a partir de este momento con el arquitecto Jorge Rucks, titular de la Dinama.

Usted ha dicho que la Dinama viene analizando los problemas de contaminación en la cuenca del río Santa Lucía desde el año 2004. ¿Por qué recién ahora entonces se lanzó a nivel del Gogbierno un paquete de medidas para enfrentar esta situación?

JR – Tenemos un tema múltiple. Nosotros en el 2004 comenzamos a hacer el monitoreo con las cinco intendencias departamentales para conocer la situación, para poder medir no solo la calidad de las aguas de toda la cuenca del río Santa Lucía, sino también para identificar cuáles eran las fuentes de contaminación. Veíamos que había un problema, ya se insinuaba un problema en la calidad de las aguas en el año 2004, había una preocupación por lo que significaba el abastecimiento de lo que nosotros llamamos agua bruta, es decir, el agua que toma OSE para la potabilización, y se empezó a trabajar para identificar las fuentes. Identificar las fuentes evidentemente era un trabajo que implicaba ir desde la calidad del agua del río a ver qué era lo que se estaba vertiendo al río para poder decir: "bueno, acá está la causa, acá están los aportes que se están haciendo de contaminantes al río o a los afluentes del río".

EC – ¿Cuándo fue que se obtuvo esa información, de las causas?

JR – Esa información se terminó de analizar en el año 2011. En el 2010 realmente se terminó a partir del trabajo que se hizo con las intendencias, a partir del trabajo que se consiguió en una cooperación técnica con Japón a través de la Agencia de Cooperación Japonesa. A partir de eso se analizan las causas y se trata de identificar cuáles son los elementos de mayor incidencia en la contaminación de los ríos.

EC – Pero por lo menos estamos hablando entonces de una demora de un año y medio, pudo haberse empezado a tomar medidas drásticas, como estas que ahora se anunciaron, en aquel momento.

JR – El tema es que también hay un ajuste institucional. Nosotros no dejamos de trabajar, prácticamente desde la creación de la Dinama se viene trabajando con la industria y particularmente con la industria del río Santa Lucía. En ese sentido ha habido aportes muy significativos en relación a la disminución de los aportes de la industria a los efluentes que se vierten en el río.

EC – ¿Usted remarca que en el caso de la industria ya hubo actuaciones?

JR – Ya hubo actuaciones. De las 90 plantas que tenemos identificadas, el aporte de 90% de efluentes de la industria están vinculados a un grupo de 50, 52 industrias que fueron controladas y la mitad ya tuvieron requerimientos de la Dinama a partir de las inspecciones que se hacen para mejorar sus condiciones de vertimiento para el cumplimiento de las normas. El resto está funcionando normalmente, y nos queda un 10% que todavía es necesario ajustar porque las inversiones son muy grandes, no todas las industrias han tenido la capacidad, y se está trabajando con ellas.

EC – Está bien, pero acá usted se refiere a la industria, señala, en el caso de la industria sí hubo ya medidas de la Dinama, hubo planteos, hubo acercamientos, ¿y en los otros factores que generan esa contaminación?

JR – Nosotros identificamos que el 80% de la contaminación viene de fuentes difusas, vinculadas principalmente al sector agropecuario, productivo, de distintos orígenes. Es una cuenca de muy intensa producción hortofrutícola, con presencia importante en algunas subcuencas de criaderos de cerdos, de aves, y después todo el tema que significa el número de tambos, el número de cabezas de ganado, y lo que ha aparecido en los últimos años, que es el sistema de engorde a corral.

Todo esto no era controlado por la Dinama, el sector agropecuario no tenía sistemas de control ambiental. Hace un año y medio, y antes de tomar estas medidas, se empezó a trabajar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y con Inale [Instituto Nacional de la Leche], y con la Asociación de Productores de Leche para ver cómo se podía resolver el tema de las situaciones de vertimiento o el estado ambiental de los tambos. En ese sentido se ha avanzado, incluso el MGAP ha hecho gestiones, tiene un proyecto muy importante del Banco Mundial con financiamiento que va orientado a atender los problemas de los tambos, y que en el caso del Santa Lucía va a tener una aplicación importante.

Pero a la vez hay todo un ajuste institucional...

EC – ¿Qué quiere decir eso del ajuste institucional?

JR – La Dinama no hacía control de tambos ni de feedlots, hace dos años con el MGAP comenzamos con el tema de los feedlots. Se definió una serie de criterios para la localización ambiental de los feedlots. Hoy los feedlots se tienen que registrar en la Dinama, son controlados. Y comenzamos a partir del año pasado a trabajar también para el control de tambo.

EC – Ahora, ¿por qué las medidas drásticas se toman casualmente ahora, después del episodio del agua con mal olor y sabor del mes de marzo?, ¿por qué la reacción contundente, clara, se observa ahora, cuando pasó algo?

JR – Evidentemente que en todos los temas ambientales el nivel de avance en la conciencia pública es un elemento sustantivo para dar pasos adelante. Las causas de la contaminación son múltiples, se requiere una acción de múltiples actores. No es solamente la Dinama o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a quienes les corresponde actuar, sino también desde los gobiernos departamentales y los municipios –que también tienen incidencia sobre los temas ambientales– hasta los organismos del Poder Ejecutivo, el MGAP u OSE, en el caso específico de agua potable.

EC – ¿Lo que usted está diciendo es que faltaba que hubiera un sacudón para que esa coordinación institucional se armara?

JR – Creo que el avance en el nivel de conciencia es lo que da la oportunidad de avanzar en este momento con un plan de medidas en bloque. No solamente las partes tienen que resolver el problema específico que tienen; si no sumamos las capacidades de todos, no generamos esa capacidad de resolver el conjunto de problemas.

Las causas son múltiples por lo tanto tienen que ser las distintas instituciones o actores con competencia en esto, actuando. Para eso hay otro factor importante que también es un proceso que se ha venido consolidando a partir de la Ley General de Aguas, la estructuración de los sistemas participativos para la gestión de los recursos hídricos, que es la conformación de los consejos regionales de cuenca. Consejos regionales dentro de los cuales está la cuenca del Santa Lucía y se crea, recientemente, en marzo de este año, el comité de la cuenca de Santa Lucía, que en estos días se ha consolidado en su condición de participante y que van a integrar los gobiernos municipales, departamentales, los productores, la sociedad civil, los organismos competentes del Estado, para generar un proceso de asistencia y asesoramiento que es fundamental para que esto pueda marchar como un esfuerzo de conjunto en la sociedad. No hace nada que una institución tome decisiones de arriba para abajo si los propios involucrados en los procesos productivos o en los asentamientos de población que hay ahí no toman acciones a nivel de responsabilidad individual o institucional a todo nivel.

EC – La conclusión que yo saco escuchándolo es que quizás la Dinama se encontró con que no tenía eco con sus inquietudes, con la información que estaba recopilando, y que una vez más funcionó eso tan uruguayo de que tiene que ocurrir algo, tiene que venir un susto, para que realmente se reaccione, que cuesta mucho trabajar en términos de prevención efectiva, ¿no?

JR – Sí, yo insisto que desde el punto de vista de la prevención la legislación nacional en temas ambientales es muy preventiva, porque no solamente actuamos a través del control, sino también a través de lo que es los análisis de impacto ambiental que son análisis ex-ante a que un proyecto se concrete. Cualquier proyecto que se vaya a instalar en la cuenca del Santa Lucía tiene que pasar por un proceso de aprobación de la Dinama y la Dinama tiene la información de base para decir "aquí esto puede marchar, los vertimientos tienen que ser de tal nivel y si acá tenés un proceso de vertimiento de fósforo, por ejemplo, que es uno de los contaminantes generalizados o de las sustancias generalizadas en exceso en el Santa Lucía", bueno, se le controla, o se plantea claramente desde la aprobación que eso no se puede instalar en esas condiciones. Es decir, hay mecanismos preventivos, se aplican, lo que no había era un paquete de medidas integrales con visión multisectorial.

EC – Vamos a hablar de ese paquete en seguida.

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EC – Preguntas de los oyentes, una cantidad. Elegimos una, Romina.

ROMINA ANDRIOLI:
Luis plantea: "¿Por qué no se dan valores de contaminación de compuestos orgánicos persistentes, insecticidas y agroquímicos con serias consecuencias para la salud del agua que suministra OSE a la población? Se entiende que estos valores lo deben saber tanto la Dinama y OSE y nunca se habla de ellos", dice.

JR – Acá tenemos que separar dos aspectos. Uno es la responsabilidad de OSE en brindar agua potable, ahí hay que preguntar a OSE la información que ellos manejan sobre agua potable que le brindan a la población. Creo que ahí hay todo un trabajo realizado en OSE en ese sentido, yo no puedo hablar de eso porque no me corresponde. De lo que sí me corresponde hablar es de la información que nosotros generamos respecto al agua que toma OSE, el agua bruta, el insumo que tiene OSE. Eso nosotros lo monitoreamos y tenemos los informes de calidad de agua...

EC – ¿Qué calidad tiene esa agua? ¿Cumple con la normativa vigente? El decreto 253/79 dice que esa agua de la que se nutre OSE debe ser inodora, incolora, sin ningún tipo de materia flotante, ausencia de determinados elementos químicos, etcétera.

JR – El agua bruta que toma OSE tiene una serie de limitaciones. A partir de los monitoreos que nosotros tenemos, por ejemplo, se identifica en general en la cuenca una presencia de fósforo excesiva. Algunas de las subcuencas, por ejemplo la del Canelón Grande, de la cual OSE toma agua, tienen problemas de contaminación importantes, también de nitratos y los niveles de DBO, de Demanda Bioquímica de Oxígeno, son muy altos, están por arriba de los estándares nacionales.

EC – Con estas características, ¿cumple con la normativa?, es decir, ¿OSE puede tomar agua de una fuente de ese tipo?

JR – No es que pueda o no, el agua de la cuenca, por ejemplo los niveles de fósforo, no cumple con la normativa. Eso significa que OSE tiene que hacer un tratamiento adicional, más costoso. O, por ejemplo, cuando aparecen por exceso de nutrientes las floraciones algares eso implica costos adicionales muy importantes para OSE.

Siempre es posible potabilizar el agua, el problema es cuál es el costo de potabilización y por lo tanto cuál es el costo social que implica para la sociedad tener un agua de calidad. Lo que nosotros tenemos que asegurar es la calidad ambiental de la cuenca y por lo tanto la calidad ambiental a nivel de los estándares de las fuentes de agua bruta. Actualmente no se cumple en Santa Lucía con algunos indicadores, en términos generales el fósforo, en algunas áreas los nitratos, en algunos casos otros elementos sobre todo de contaminantes orgánicos, que requieren ser eliminados en los procesos de potabilización. Eso lo que implica son costos adicionales para la potabilización.

Los valores son públicos, en la página web de la Dinama están publicados, está a disposición, como toda la información en Dinama, cualquier cosa que se requiera se solicita, es pública. Nosotros estamos obligados, pero además es una vocación de la institución, entendemos que si la información ambiental no es pública no estamos cumpliendo con una de las funciones que tenemos.

EC – Enseguida nos detenemos en las medidas que ahora empiezan a aplicarse ya con cronogramas y plazos.

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EC – A raíz de los episodios de mal olor y sabor que se dieron en el mes de marzo con el agua potable en la zona metropolitana se supo a nivel oficial que la actividad industrial y agrícola ha ido acumulando impactos negativos en la cuenca del río Santa Lucía, de donde se abastece el 60% de la población.

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EC – La semana pasada el Gobierno anunció una serie de medidas para revertir ese panorama de problemas.

¿Cuáles son esas medidas? Eso es lo que vamos a conversar a partir de este momento en la segunda parte de la entrevista con el arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente.

¿Cuáles son las medidas?, ¿podemos repasarlas primero en títulos para después profundizar en ellas?

JR – Sí, en principio las medidas son diferentes según las zonificación, lo primero que se hace es una zonificación de la cuenca: la cuenca que abastece de agua potable a OSE para las distintas tomas, ya sea la del área metropolitana o de las áreas importantes que hay en la cuenca, y la zona que corresponde al área que no abastece de agua potable pero que tiene que ser protegida para la calidad del ecosistema acuático. A partir de eso las medidas son diferenciadas para las distintas zonas, tanto para lo que llamamos zona A, que sería la abastecedora de agua potable, o zona B, que sería donde hay que asegurar la calidad de la vida acuática. Hay algunas medidas que son generales para toda la cuenca y hay algunas que son parciales para cada una de sus partes.

En términos generales la primera medida que se plantea es mejorar el cumplimiento del vertimiento de origen industrial a la cuenca exigiendo una reducción de los niveles del DBO, que es la Demanda Bioquímica de Oxígeno, de nitrógeno y de fósforo particularmente. Como decíamos, acá ha habido avances pero todavía quedan espacios para trabajar y dadas las particularidades de la cuenca hay que también ver si no es necesario revisar los estándares que el [decreto] 253 establece para el vertimiento de fósforo o nitrógeno en la cuenca.

EC – Las industrias son de tipo variado, ¿no?, hay frigoríficos, textiles, fábricas de refrescos, ¿qué más?

JR – Según nuestros análisis, cuando fuimos a analizar las fuentes, las industrias que tienen mayor responsabilidad en los vertimientos a la cuenca son, en primer lugar y claramente, la industria cárnica, frigoríficos, en segundo lugar la industria del cuero, curtiembres, en tercer lugar la industria láctea. Esas son las más importantes, después hay otro tipo de industrias de menor desarrollo o más pequeñas. En ese sentido nosotros clasificamos las industrias, las tenemos registradas porque son controladas por la Dinama. De acuerdo a nuestros registros del tipo de vertimiento que hace y en relación al tipo de cargas contaminantes que el decreto nos exige, las definimos para este plan en industrias prioritarias o de primera prioridad e industrias de segunda prioridad en su ajuste. Se les van a requerir a aquellas industrias que no están teniendo los vertimientos adecuados un plan para asegurar que van a mejorar su desempeño y se le da un tiempo para la ejecución de esas acciones.

EC – ¿Cómo son esos plazos?

JR – En el caso de las industrias prioritarias tenían que presentar los planes en diciembre de este año y para enero del 2015 tienen que comenzar la implementación de las acciones que proponen en ese plan para mejorar los vertimientos. Para las industrias que son menores, del segundo grupo, se les da un plazo mayor: para presentar los proyectos junio de 2014 y para su ejecución diciembre de 2015.

EC – ¿No son plazos demasiado largos sobre todo para las prioritarias?, ¿recién a principios de 2015 estarían cumpliendo con sus vertidos la normativa vigente?

JR – Como habíamos dicho, la industria ya está haciendo un esfuerzo muy grande y lo que queda por hacer son inversiones mayores. El proyecto requiere un financiamiento, que las empresas encuentren sus fuentes de financiamiento o busquen la manera de llevarlo adelante. Estos plazos obedecen a una experiencia que tenemos nosotros en los procesos de control industrial de los tiempos que requieren las empresas para adecuarse.

EC – ¿Otras medidas en otros sectores también contaminantes?

JR – Otras medidas en otros sectores contaminantes. La segunda medida va a atender particularmente a los vertimientos domiciliarios, es decir, el saneamiento. Mejorar los sistemas de saneamiento particularmente concentrados en tres centros poblados que son importantes en lo que es aguas arriba de la toma de agua de Aguas Corrientes: las localidades de Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía, en donde actualmente hay tratamientos todavía incompletos, o de nivel secundario, que no completan los procesos de eliminación de los nutrientes más críticos, que son, como decíamos, el fósforo y los nitratos. En ese sentido hay un compromiso, acá se establece quién tiene que cumplirlo, en este caso hay una responsabilidad de nuestro ministerio con OSE de llevar adelante estos trabajos y se dan también plazos, para junio 2014 los proyectos tienen que estar desarrollados para las tres ciudades...

EC – ¿Desarrollados qué quiere decir, ejecutados?

JR – No. Los proyectos tienen que estar elaborados y presentados  a la Dinama.

EC – ¿Y cuándo ejecutados?

JR – A diciembre de 2015 para las tres ciudades.

EC – ¿Diciembre de 2015 se terminarían entonces los problemas entonces con los sistemas de saneamiento de poblaciones de la cuenca?

JR – No, solo de estas tres por las áreas en particular que identifica el plan.

EC – Pero hay otras poblaciones que no tienen saneamiento.

JR – Hay otras poblaciones que no tienen saneamiento o que tienen limitaciones en el saneamiento que no son tan críticas como estas. En las recomendaciones finales que se hacen se plantea ver la posibilidad de que se haga un reanálisis de las inversiones que tiene OSE y el trabajo con las intendencias departamentales para atender los problemas de saneamiento con un foco en la cuenca del Santa Lucía. Ahí es una recomendación a mejorar el sistema de inversión hacia el saneamiento en la cuenca.

EC – Seguimos con las medidas, porque por lo que usted señalaba más temprano en realidad todavía no llegamos a lo que son los principales focos de contaminación.

JR – Exactamente.

EC – Todavía no hemos hablado de los tambos ni de los feedlots ni de la agricultura.

JR – Exacto. La tercera medida es específicamente para la zona A, para las aguas arriba de lo que es la confluencia del San José con el Santa Lucía. Aquí es una exigencia sobre algo que ya la ley lo establece a nivel nacional pero que se tiene que focalizar también en el Santa Lucía, que es la aplicación de los planes de uso, manejo y conservación de suelos que hace el MGAP. Esto es necesario para asegurar en la cuenca del Santa Lucía que a partir de esos planes se exija un análisis de suelos para el desarrollo agrícola para alcanzar y mantener una concentración de 31 partes por millón de fósforo en la superficie del suelo, que se llama fósforo Brie. Normalmente el productor cree que poniendo más fósforo va a tener una mejor producción pero hay un nivel óptimo y después lo demás es un aporte de nutrientes excesivo, se debe dar al suelo el fertilizante necesario que el tipo de cultivos que existe en la zona puede absorber, pero el exceso genera remanentes que normalmente quedan en el suelo y que, a partir de los procesos erosivos, con la lluvia, son arrastrados de las partículas de suelo y van al agua. Lo que se busca a través de este mecanismo es evitar esa sobre alimentación de fósforo a los cuerpos de agua.

EC – Pero el problema no son solamente los fertilizantes, también hay problemas con los herbicidas por ejemplo, y otros agroquímicos, ¿entonces?

JR – Claro, acá estamos focalizando en aquellos elementos que hoy son el problema claramente identificado que está por arriba de los estándares exigidos para la calidad de agua del río. En este sentido hay una atención particular hacia el fósforo y los nitratos. Lo que no quiere decir que en algunos casos y en algunas subcuencas en particular no se atiendan otros factores, pero a nivel general en esta zona la atención particular es a el exceso de fósforo, que es una característica más importante del Santa Lucía.

EC – ¿Entonces esta medida abarca a qué tipo de producción?

JR – Esta medida abarca la producción agrícola, hortofrutícola, y a toda la producción que usa fertilizantes y que normalmente usa los fosfatados que además son generalmente solubles en el agua. Lo que se evita es aumentar los aportes de fertilizantes al agua.

EC – ¿Qué más? Seguimos con las medidas.

JR – La tercera medida también hace a la zona de abastecimiento de agua bruta y es la suspensión en la cuenca hidrográfica de la instalación de nuevos emprendimientos de engorde a corral, lo que se llama feedlots normalmente, o formas y prácticas de encierro permanente de ganado a corral a cielo abierto. A partir de los trabajos que hemos hecho se ha detectado que estas concentraciones de ganado generan una concentración también de deshechos, de residuos, que normalmente por su localización, están muy cercanos al agua, y requieren una serie de controles especiales. Lo que se suspende son los derechos, las posibilidades de nuevos feedlot o ampliación de feedlots, de encierros a corral, en la cuenca hasta tanto se definan las medidas que aseguren que van a ser exigibles a través de la normativa los niveles de tratamiento adecuados para los efluentes de estos establecimientos.

EC – ¿Y con respecto a los feedlots que ya existen?

JR – Existen en la cuenca en estos momentos 13 feedlots registrados con permisos. De esos, diez ya tienen los sistemas de tratamiento que se les ha exigido, hay tres que todavía no. Lo que se plantea es que no se va a permitir un incremento en este período hasta que esta medida de suspensión de instalación de nuevos feedlots o ampliación de feedlots no defina una medida normativa específica que asegure los niveles de tratamiento adecuados.

EC – Pero, ¿y esos tres que no tienen tratamiento?

JR – Eso se les va a exigir. Evidentemente, vamos a seguir trabajando, eso es parte del trabajo normal que nosotros hacemos.

EC – Seguimos. ¿Con respecto a los tambos, con respecto a otro tipo de actividad agropecuaria?

JR – Con respecto a otro tipo, en relación particularmente a los tambos, que es la medida 5, se exige un tratamiento obligatorio de los efluentes de los tambos ubicados en la cuenca hidrográfica del Santa Lucía. Esa medida se diferencia en dos niveles: el de los tambos con más de 500 vacas y los de menos de 500 vacas. Esto pensando que ese es más o menos el límite que define tambos grandes y menores, medianos y chicos, y donde las capacidades de adaptación para cumplir con esta medida también son diferentes. En ese sentido se les da plazos diferentes para la presentación de los proyectos de tratamiento de efluentes para cumplir con la normativa del decreto 253 y evidentemente implica inversiones, que ya el MGAP ha conseguido financiamiento externo, hay voluntad de apoyo. Y además hay voluntad de los propios productores de resolver este problema, nosotros hemos trabajado con la Asociación de Productores de Leche y ellos son conscientes y además los temas ambientales les perjudican su propia vida familiar. Acá hay un nivel de conciencia importante, lo que se necesita es un nivel de inversión que ayude a que ese nivel de conciencia resuelva las cosas.

Como decía, hay dos plazos diferentes, uno para los grandes tambos, otros más largos para los menores, también para presentar proyecto y para que estén en funcionamiento los sistemas de tratamiento.

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EC – Más preguntas de los oyentes, Romina.

RA – Por ejemplo Guillermo menciona las medidas para tambos feedlots, industrias, horticultura, vertimientos industriales, domiciliarios, y dice: "¿Y los cultivos de soja?, ¿no están en la lista o era pura manija?"

JR – En la cuenca del Santa Lucía no es un cultivo de presencia importante, existe, están, evidentemente hay una preocupación, pero lo que hemos visto en los análisis es que no es una de las causas principales de la contaminación en este momento en la cuenca. Sí hacemos ciertas recomendaciones, es una cuenca básicamente de pequeños productores donde es muy difícil, por ejemplo, la utilización de los sistemas de fumigación aérea. Hay una recomendación que no está entre las 10 medidas pero sí en las recomendaciones de que se desincentive el uso de la fumigación aérea en la cuenca del Santa Lucía, fundamentalmente por las características sociales de la cuenca. Es muy difícil, no hay grandes extensiones.

Eso preocupa, Canelones ya tiene medidas que prohíben la fumigación aérea, el tema es analizarlo a nivel de la cuenca cuidadosamente. Lo que nosotros detectamos a partir de los análisis hechos es que la participación que tiene el tema de otro tipo de usos de agroquímicos va a estar controlado a través de los sistemas de uso, manejo y conservación de suelos que implica la receta de uso de los fitosanitarios. En ese sentido también el MGAP tendrá su participación y su responsabilidad en el control de esto.

EC – ¿Y qué pasa con OSE misma como agente contaminante?, porque eso ocurre también en la cuenca del Santa Lucía. Me gustaría que lo viéramos en seguida en el final de la entrevista.

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EC – Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

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EC – Estábamos hablando de los factores que contaminan el agua que OSE recibe en su planta de Aguas Corrientes para terminar generando el agua potable que abastece a la zona metropolitana. Estábamos hablando de la situación, digamos, aguas arriba de la planta de OSE, pero resulta que aguas abajo es la propia OSE la que está generando contaminación con el lodo que vierte directamente al río.

JR – Si.

EC – En su momento las autoridades dijeron que se necesitaba una planta de tratamiento para evitar esos lodos, pero que eso requiere recursos importantes, es una inversión grande. ¿Qué se va a hacer con esta otra parte del problema?, porque esa agua a su vez perjudica a determinados sectores de la producción, ¿no?, a animales, por ejemplo, que tienen que beber esa agua, o a plantaciones que se hacen con esa agua.

JR – Sí, acá hay dos aspectos, uno es que históricamente desde que se instalaron los ingleses ya por 1890 la planta de OSE siempre vertió los lodos aguas abajo de Aguas Corrientes, de la toma de agua. Eso ha sido un elemento que ha caracterizado y recién se están tomando las medidas. Pero las medidas no se están tomando ahora por este tema, OSE inició un llamado para la elaboración de los pliegos, los términos de referencia, de un trabajo para la eliminación de los lodos ya hace prácticamente un año, un año y medio, eso lo ha informado OSE. Nosotros lo que estamos haciendo en la medida seis es exigiendo el cumplimiento de lo que OSE ha iniciado ,que es un plan para la disposición final, segura, de los lodos fuera de los vertimientos del río.

EC – ¿Qué es lo que le está exigiendo la Dinama a OSE? Porque uno se pregunta si la Dinama no debería haber hasta multado a OSE por esta situación de contaminación que OSE provoca.

JR – No tenemos una legislación específica en el tema de la exigencia en relación a los lodos, nosotros en este momento estamos trabajando a nivel nacional en un decreto para exigirle a OSE los tratamientos en las distintas plantas para que los lodos no vayan aguas abajo. Pero como decíamos, a partir de esta medida lo que se le pide a OSE es implementar una solución definitiva para el manejo y disposición de los lodos en la planta de tratamiento de Aguas Corrientes de OSE.

EC – ¿Qué plazos se dan?

JR – Está planteado que el proyecto definitivo que OSE está trabajando sea para abril de 2014, hay un compromiso por parte de OSE de cumplir para esa fecha, y la obra finalizada para diciembre de 2015. Estos son los plazos que se le dan a partir de esta medida a OSE para cumplir con esta medida.

EC – Un último tema que aparezca entre las preguntas de los oyentes, Romina.

RA – Hay varios que preguntan: "¿Estas medidas son solo para la cuenca del Santa Lucía?, ¿y los demás ríos qué pasa?" y otro oyente por ejemplo que va puntualmente a: "¿Qué análisis tienen del Río Negro, en paso de los toros que estuve en marzo y las aguas están completamente verdes?, ¿qué calidad de agua está tomando la población?".

JR – Para nosotros el río Santa Lucía es una prioridad desde hace mucho tiempo porque de ahí se abastece 60% de la población nacional y ahí hay una responsabilidad generalizada, pero eso no quita que haya responsabilidades sobre lo que es el abastecimiento del agua potable a las poblaciones en cada una de las áreas.

Nosotros no estamos trabajando en el tema agua potable, yo quiero dejar claro eso, eso es responsabilidad de OSE, la institución que brinda el agua potable. Nosotros de lo que tenemos que preocuparnos es de la calidad ambiental de las aguas y de los factores contaminantes de las aguas. Nosotros estamos monitoreando hace tres años el Río Negro justamente porque empezamos a detectar problemas de contaminación.

EC – Hay zonas del Río Negro donde la perjudicada es la actividad agropecuaria, ha habido testimonios de productores cuyas ovejas, por ejemplo, cuando beben el agua en determinada zona de la costa del Río Negro, se enferman.

JR – Sí, hemos recibido esas denuncias, eso el MGAP lo ha analizado y plantea que pueden haber causas múltiples. Evidentemente que hay problemas de calidad del agua en todo el país. Esto se debe fundamentalmente a que ha habido un proceso de crecimiento acelerado del país en los últimos años, con procedimientos y formas de baja responsabilidad ambiental o de no entendimiento de los problemas ambientales que se generan. Si hay una aceleración del desarrollo, una intensificación del uso de los suelos, evidentemente tiene que ir acompañado de una intensificación de las medidas de protección ambiental. Pero tengamos también en claro que las cosas no se resuelven en un día, aquí nosotros estamos trabajando pensando en que tenemos que partir de una institucionalidad que no atendía el tema de los vertimientos a nivel rural y que lo estamos incorporando en las prioridades y con las capacidades que tenemos.

EC – Y ahí está el tema, "las capacidades que tenemos", dice usted, la Dinama no tiene la infraestructura que debería tener para semejante problema que debe manejar, ¿no?

JR – Hay dos elementos, nosotros reclamamos cuando empezamos la gestión mayor capacidad, mayor personal y capacidades técnicas. Eso nos lo dieron, nos dieron los presupuestos y las capacidades.

En este momento el desafío es el involucramiento de la gente, cómo nos articulamos, primero con los gobiernos departamentales, eso es fundamental, hay responsabilidad de ellos que también tienen limitaciones para trabajar y cumplir, pero tienen voluntades y decisiones de política que están avanzando en el mismo sentido. Segundo, estamos trabajando con la Ley de Aguas, que es una ley nueva para armar toda la estructura de los consejos regionales y los comités de cuenca atendiendo a aquellas cuencas que van apareciendo con mayores problemas: Laguna del Sauce, ahora Santa Lucía, estamos trabajando también para la creación del comité de cuenca en la cuenca de San Salvador, en Soriano. Estamos atendiendo en la medida en que identificamos prioridades y vamos avanzando en relación a esas prioridades que se identifican.

Río Negro es un tema que lo tenemos planteado, estamos haciendo el monitoreo, estamos monitoreando el Río Cuareim, y pensamos que los monitoreos a su vez también tenemos que descentralizarlos. No tendría que ser la Dinama quien haga los monitoreos, acá hay responsabilidades de aquellos que tienen que tomar el agua bruta y que tienen ingresos y que de alguna forma tienen que en sus costos incorporar lo que significa también el control del agua. Hay que articular las capacidades, no pensar que tenemos que crecer desmesuradamente en la Dinama en armar policías y controles cuando también los sistemas están vinculados a la educación, a la participación institucional, a las estructuras de asistencia para la gestión de los recursos hídricos, que es lo que se está haciendo con la Dinagua [Dirección Nacional de Agua] por ejemplo. Es todo un proceso de organización a nivel social.

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EC – Volvemos sobre el tema en cualquier momento, porque lo que veo con los mensajes de los oyentes es que es un asunto que interesa mucho, hay cantidad de preguntas, así que algunas serán objeto de alguna consulta aparte, más corta en todo caso, dentro de unos días.

JR – Y hoy apareció el informe de la Universidad [de la República], que es muy interesante y muy coincidente con lo que nosotros estamos planteando.

EC – Eso le iba a preguntar, ¿le sorprende a usted el informe?, no.

JR – No, de ninguna manera, usaron información nuestra y nos lo han planteado. Pero además aporta esa visión de la academia que es fundamental para fundamentar con bases científicas las acciones que se toman.

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