El estudio, elaborado por Ecofys, se centra en el establecimiento de objetivos medioambientales para 2030, el siguiente reto al que tiene que hacer frente la UE, y advierte de que los cálculos que circulan en la actualidad en Bruselas van mal encaminados.

La Comisión Europea apuntó en marzo que se necesitaría un recorte de emisiones del 40 % para 2030, y el Reino Unido consideró en mayo que habría que llegar al 50 %.

Greenpeace, en cambio, calcula que un objetivo adecuado para 2030 tendría que elevar el esfuerzo de reducción de emisiones al menos hasta el 55 % (una meta que incluye el 7 % de ajuste por el fracaso del mercado del carbono).

Este objetivo debería además formar parte de un conjunto de medidas más amplio que incluya también una meta del 45 % para energía renovables, así como un objetivo vinculante sobre ahorro energético.

El director de energía y política climática de Ecofys, Niklas Höhne, afirma que para que los objetivos de 2030 sean verdaderamente eficaces hay que tener en cuenta el excedente de permisos de emisión y la situación en el mercado del carbono.

"Este informe muestra que el objetivo de recorte del 40 % para 2030 presentado por la Comisión Europea es lamentablemente inadecuado", afirmó en un comunicado el director de política ambiental de Greenpeace, Joris den Blanken.

"La UE necesita un objetivo más estricto si quiere mantener vivo el ETS (sistema comunitario de comercio de derechos de emisión) y evitar los efectos más graves del cambio climático", añadió.

El ETS (siglas en inglés), que cubre las emisiones de 11.000 instalaciones industriales en 31 países europeos, no ha funcionado como se esperaba.

El exceso de permisos de emisión que existe en el mercado (cada permiso da derecho a expulsar una tonelada de CO2 a la atmósfera), ha desplomado el precio del carbono y, en la práctica, ha provocado justo el efecto contrario al deseado: que resulte más barato contaminar que invertir en tecnologías de producción limpias.

La Comisión Europea ha propuesto posponer la venta de 900 millones de permisos de emisión del periodo 2013-2015 hasta 2019 o 2020, lo que se conoce como "back-loading", para elevar el precio de la tonelada de CO2, que registró su mínimo histórico el pasado 16 de abril (2,46 euros) y que este lunes se pagaba a poco más de 4 euros. EFE