El país suramericano aprobó a finales de 2007 una ley nacional para proteger los bosques nativos frente al avance de la frontera agropecuaria, pero la norma no ha impedido que, según datos de Greenpeace, cada año se desforesten unas 250.000 hectáreas, apenas un 20 % menos que antes de la ley.

Varias agrupaciones ambientalistas han centrado su preocupación en Salta, por cuyo territorio se extiende buena parte del bosque chaqueño, rico en biodiversidad y considerado la segunda mayor región boscosa de Suramérica después de la Amazonía.

Según un informe de Greenpeace, que monitorea la región con imágenes de satélite y vuelos, desde la aprobación de la ley y hasta mayo pasado se perdieron en Salta 400.000 hectáreas de bosques, de las cuales 120.000 fueron desmontadas por cambios de categorías autorizados por la provincia.

Es que la ley nacional ordenó a las provincias dividir sus bosques en áreas verdes, donde se permite la explotación agraria, amarillas, donde solo actividades rurales de bajo impacto son permitidas, y rojas, donde no se puede cortar un árbol.

"En Salta hay una doble violación de la ley porque no solo hay empresarios que desforestan sin que los vean, sino que además el propio Estado provincial hace cambios de zonificación de modo sistemático y en una cantidad tan grande que ya no es una excepción sino la regla", dijo a Efe Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Los cambios de categoría se hacen en virtud de dos decretos que reglamentan la ley provincial de adhesión a la norma nacional, resoluciones que los ambientalistas tachan de "ilegales" y que para el Gobierno salteño se ajustan a derecho.

"Las recategorizaciones están contempladas en la ley. No hacemos nada fuera de la legalidad", dijo a Efe el secretario de Ambiente salteño, Gustavo Paul, que niega que las cifras de desmonte sean las que denuncian los ambientalistas.

Según Paul, había permisos para desmotar 120.000 hectáreas concedidos antes de la aprobación de la ley pero ejecutados luego.

"Sí hubo desmontes clandestinos y la provincia ya lleva aplicadas sanciones por 38.000 hectáreas. Permanentemente aplicamos multas", aseguró Paul.

Según los ambientalistas, la ley permite hacer cambios de categorías cada cinco años como mínimo y, si se hacen ajustes, deben ser mínimos y excepcionales.

Pero, de acuerdo a la interpretación de Salta, las provincias pueden hacer recategorizaciones en forma periódica y presentar un mapa con todas esas modificaciones cada cinco años como máximo.

De acuerdo a un informe de Greenpeace, Salta ha otorgado cambios de categoría en una veintena de grandes fincas propiedad de importantes empresarios, donde se han suscitado conflictos con comunidades aborígenes que residen dentro de los campos y que se resisten a ser desplazadas por los desmontes.

Paul explicó que los pedidos pasan por un complejo proceso de análisis que concluye con una audiencia pública donde los ciudadanos prestan o no su conformidad.

Pero Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, aseguró a Efe que en las audiencias no se informa "correctamente" y hasta "el consentimiento es dado por gente que no sabe leer ni escribir y no sabe lo que está firmando".

Paul asegura que no autorizan cambios de categoría si el propietario no resuelve antes sus conflictos con las comunidades que viven en las fincas.

Según el funcionario, es así como estas comunidades obtienen títulos de propiedad de parte de las fincas cedidos por los empresarios.

Los ambientalistas no descartan acudir a los tribunales para reclamar la anulación de los decretos provinciales, pero advierten que los tiempos de la Justicia son lentos y losbosques necesitan una protección urgente.

"La solución debe ser política", sostiene Giardini.

Para Di Pangracio debe ser la Secretaría de Ambiente argentina la que intervenga "fuertemente" porque es la autoridad de aplicación nacional de la ley de bosques.

La Secretaría, de hecho, a partir de los reclamos ambientalistas, abrió un expediente hace un año para investigar lo que sucede en Salta.

Fuentes: EFE. Por Natalia Kidd