Los representantes legales del pueblo Ayoreo Totobiegosode denunciaron que la empresa ganadera del brasileño Marcelo Bastos Ferraz desforestó 1.200 hectáreas del territorio ancestral de los indígenas en las últimas tres semanas, cuando el Tribunal de Cuentas paraguayo admitió una demanda en enero que suspende su licencia.

La Secretaría del Ambiente (SEAM), dependiente del poder ejecutivo y encargada de velar por el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, dijo a Efe que "no puede realizar ninguna acción, por ejemplo, intervenir o revocar licencia".

La SEAM, que tardó diez días en responder por escrito a Efe, que había pedido una entrevista con la titular María Cristina Morales Palarea que no le fue concedida, aseguró que no pueden actuar "porque el caso está judicializado y una jueza ha ordenado 'no innovar acciones' y permitir a la firma proseguir los trabajos".

Sin embargo, la jueza de la ciudad de Puerto Casado Luz Marizza Cardús, a la que hace referencia la SEAM, fue suspendida en sus funciones tanto por la Corte, como por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por hechos punibles en la tramitación de expedientes y, en este caso, no era competente por lo que debió trasladar el caso a Asunción, donde está ubicado el domicilio del poder ejecutivo.

La SEAM aseguró en su escrito enviado a Efe que la licencia fue "otorgada mucho antes de esta administración", cuando en octubre de 2013, bajo el actual mandato del presidente Horacio Cartes, la misma fue renovada.

La licencia de la empresa brasileña, que comenzó a operar en 2007, ya fue revocada en 2008 por la propia SEAM por impedir la entrada de funcionarios en su propiedad y ocultar datos en su Informe de Impacto Ambiental, entre ellos, que en las tierras viven los indígenas ayoreo no contactados.

El poder judicial confirmó la suspensión de la licencia de Yaguareté Porá en septiembre de 2013, pero la SEAM, con la actual ministra al cargo, renovó la licencia un mes más tarde, pese a que la empresa aún no ha presentado el nuevo informe de Impacto Ambiental requerido para ello.

Según explicó a Efe el abogado de los ayoreo, Julio Duarte, la demanda presentada por los indígenas en enero de 2014 "implica la suspensión de todos los trabajos en la propiedad".

Como así se lo ha hecho saber el Tribunal de Cuentas en varios escritos enviados a la SEAM y al Instituto Forestal (Infona), a los que tuvo acceso Efe.

"La SEAM debió paralizar todo proceso de renovación de licencia ambiental basándose en su propia resolución que exigía un nuevo estudio de impacto ambiental y fundado en que esa resolución atacada por la firma Yaguareté fue confirmada por el poder judicial", añadió Duarte.

"Mientras que el Tribunal de Cuentas no diga lo contrario es esto lo que hay que cumplir", espetó.

La SEAM aseguró que el 7 de abril de 2014 planteó recursos de apelación y nulidad a la decisión de la jueza, pero no mencionó que fueron rechazados por estar fuera de plazo.

"La SEAM no debió apelar si no poner el grito en el cielo para apartar a la jueza que no es competente en el caso y que se resuelva en la capital, sin embargo, por torpeza o por connivencia con Yaguareté no lo hizo", declaró el abogado.

Los ayoreo reivindican desde 1993 su territorio, que les corresponde como está previsto en la Constitución, cuando comenzaron a ser expulsados por empresas madereras y ganaderas de sus bosques.

"El Estado está obligado a restituir el territorio, pero no lo hace, no respeta el derecho indígena", explicó.

El abogado recordó que el contacto de los nativos aislados puede provocar su desaparición al verse afectados por enfermedades para las que no tienen inmunidad.

EFE.