En diálogo con El Espectador, Rúben Bouza, integrante de la coordinadora de vecinos, aseguró que se están llevando piedras a lugares no autorizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que se hicieron caminos que no terminaron, que se comenzaron a utilizar antes de cumplir con los requerimientos  y que hubo cambios en el trazado de la salida del gasoducto.
 
"A un año, todo lo que denunciábamos en la audiencia pública se va cumpliendo y no se reconoce ningún impacto";, dijo Bouza.
 
"El barco va a estar a menos de dos mil metros de donde se bañan cinco mil personas";, agregó en referencia a la playa de Punta Yeguas. "Hay árboles caídos porque la arena se está perdiendo además del impacto social por la intensa movilidad";.
 
El grupo, que se reúne semanalmente para hacer un seguimiento de las obras, asegura que se viene acumulando una serie de problemas que "deben ser organizados y presentados como una denuncia penal";.
 
"A nosotros nos rompe los ojos estás cosas que están pasando: la desaparición de la playa, la agresión a los pescadores artesanales y los impactos locales y nacionales a nivel de la falta de planificación del proyecto";, concluyó Bouza.
 
Desde la empresa se aseguró que cuentan con informes ambientales que se realizan mensualmente.

Ricardo Díaz, quien se ocupa de las relaciones institucionales en Gas Sayago SA, informó a El Espectador que el pasado 16 de diciembre se reunió la comisión de seguimiento, en la que presentaron  los últimos informes y monitoreos ambientales.

Se estima que en junio una parte de la obra dirigida por Gas Sayago quede operativa con el avance de la escollera y del primer barco regasificador que funcionará hasta que llegue la embarcación definitiva.