El acuerdo destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado como Acuerdo de la FAO en 2009 tras años de esfuerzos diplomáticos, es el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado totalmente en este problema.

Según el documento, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Guyana, San Cristóbal y Nieves y Uruguay adhirieron al acuerdo jurídicamente vinculante de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto, que entró en vigor el domingo 5 de junio y es jurídicamente vinculante para los 29 países y la organización regional que ya lo han suscrito.

"Hoy es un gran día dentro del esfuerzo permanente para alcanzar una pesca sostenible que pueda ayudar a alimentar al mundo", afirmó el Director General de la FAO, José Graziano da Silva.

Da Silva invitó a los gobiernos que aún no lo han suscrito a unirse al esfuerzo colectivo "para acabar con la pesca ilegal y salvaguardar el futuro de nuestros recursos oceánicos".

Las partes del Acuerdo están obligadas a implementar diversas medidas, al tiempo que gestionan los puertos que están bajo su control, con el objetivo de detectar la pesca ilegal, impedir la descarga y venta de pescado capturado indebidamente, y garantizar que la información sobre los buques que pescan de forma poco escrupulosa se comparta a nivel mundial.

Estas medidas incluyen exigir a los buques pesqueros extranjeros que soliciten autorización para entrar a los puertos con la suficiente antelación, aportando información detallada sobre sus identidades, sus actividades y el pescado que llevan a bordo.

El desembarque sólo podrá llevarse a cabo en los puertos designados y equipados para la realización de inspecciones eficaces.

A los barcos sospechosos de estar involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se les puede denegar la entrada a los puertos de forma categórica, o autorizarla únicamente para su inspección, denegando el permiso para la descarga de pescado, el repostaje o el reabastecimiento.

Una vez que a un barco se le deniega el acceso a un puerto, o que las inspecciones detectan problemas, las partes deben trasladar esa información al país cuyo pabellón enarbola el buque e informar a las demás firmantes del Acuerdo y a las autoridades portuarias en los países vecinos.

El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto que ha entrado en vigor, proporciona a la comunidad internacional una herramienta valiosa para cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye un objetivo explícito sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos, y un objetivo secundario específico sobre la pesca ilegal. EFE