En 2007 la CE recibió el mandato para diseñar controles que se asemejaran más a las condiciones reales de conducción, pero su tramitación fue extremadamente lenta.

En 2015, estalló el escándalo del "dieselgate", cuando en Estados Unidos se detectó que Volkswagen utilizaba programas informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas.

El Ejecutivo comunitario presentó poco después su propuesta para mejorar los controles que, entre otros puntos, dota a la propia Comisión Europea de poderes para sancionar directamente a los fabricantes.

La CE invitó a los Estados miembros a realizar investigaciones sobre los niveles reales de las emisiones de los vehículos de sus territorios e inició procedimientos de infracción contra ocho Estados miembros (Alemania, República Checa, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido e Italia) por su laxitud al no endurecer los controles.

El vicepresidente comunitario para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, declaró que los nuevos ensayos de emisiones constituyen un "hito" en su labor a favor de unos automóviles "más respetuosos con el medio ambiente y más sostenibles".

Confió además en que los nuevos ensayos de emisiones garantizarán unos resultados más fiables y contribuirán a restablecer la confianza en el comportamiento de los automóviles nuevos.

"El escándalo de las emisiones ha mostrado que es necesario contar con más independencia a la hora de someter a ensayo los automóviles, así como reforzar la vigilancia del mercado y que la Comisión pueda intervenir en caso de irregularidad", dijo Katainen.

Recordó que la CE presentó en enero de 2016 una propuesta con este objetivo que sigue en trámite y consideró que "ya es hora" de que el Parlamento Europeo y el Consejo la adopten. EFE