Las plantas de celulosa que operan en Uruguay lo hacen en régimen de Zona Franca, así están exoneradas de todos los impuestos y tributos "creados o a crearse"; como  dispone la ley 15.921 de 1987 (1).

Eso marca una diferencia con las del mismo tipo que funcionan en la región y proporciona grandes ventajas a las empresas así establecidas. En el caso específico de UPM, la empresa tiene en el mundo 6 líneas de negocios y  de ellas la de Biorefinería que es mayormente Celulosa es la mas rentable a nivel global, generando el 44% de la ganancia de la empresa con solo 25% de la facturación. (2)

A modo de comparación, la ganancia de UPM en el sector de celulosa es equivalente al 18% del  valor de las ventas, mientras que en el principal rubro de la empresa, que es el papel, esa ganancia es de menos del 6%.

Las plantas de celulosa califican como "usuarios"; de las zonas francas, las que son explotadas por empresas especialmente creadas para ese fin, en estos casos por Botnia y Montes del Plata.

En el caso de la Zona Franca de Fray Bentos, la empresa es "Botnia Fray Bentos SA"; y para el caso de Conchillas es "Zona Franca Punta Pereira SA";

Esas son las empresas autorizadas a explotar las zonas francas con plazos de 30 años y como tales deben pagar el canon establecido en las resoluciones que las autorizaron.

Ese canon constituye el único ingreso para el estado por esas Zonas Francas, fuera de los aportes de los trabajadores y las empresas que operan en ellas  al BPS (Banco de Previsión Social), por el personal nacional efectivamente empleado en las Zonas Francas.

Como dato anecdótico, la lectura de las resoluciones permite verificar que en ellas se  establecen los montos de inversión a realizar por las empresas que están muy por debajo de los que fueron anunciados en la prensa. Para el caso de BOTNIA se estimaron 942 millones de dólares y para Montes del Plata el monto es de 1069 millones de dólares.(6)(7)

Para la Zona Franca de Fray Bentos, la resolución del 5 de octubre de 2004 (3) le impone en el "Anexo 1"; a la sociedad anónima explotadora, el pago de un canon anual determinado por la mayor de tres cantidades, calculadas la primera en base al 5% de los ingresos por los servicios a los usuarios, la segunda por un monto fijo anual de U$S 30.000 o la tercera por el resultado de multiplicar la suma de U$S 1000 por las hectáreas ocupadas en la zona franca que se asumen como 154 en los primeros 6 años y como las 550 hectáreas de la zona a partir del séptimo año.

En el caso de la Zona Franca Punta Pereira, la resolución 38/2008 de enero de 2008 (4) establece en su "Anexo"; la misma forma de cálculo para el canon que en el caso de Fray Bentos actualizando el valor del monto fijo a U$S 35.000 y el monto por hectárea a U$S 1.136, pero topeado a US$ 175.000 durante los primeros 6 años y  a U$S 625.000 a partir del séptimo año.

Tomando como mayor valor el de los montos por hectárea y calculando lo que Uruguay habría cobrado en los doce años desde la puesta en marcha de la Zona Franca Celulósica de Fray Bentos, esa Zona habría pagado hasta enero de 2017 la suma de U$S 4.224.000 (cuatro millones doscientos veinticuatro mil dólares). Mientras tanto, los pagos de Montes del Plata suman desde su instalación U$S 2.300.000 (dos millones trescientos mil dólares).

La suma de ambas cantidades nos da que el total recibido por el estado por la operación de las Zonas Francas Celulósicas desde 2006 alcanza a los U$S 6.524.000 (seis millones quinientos veinticuatro mil dólares).

UPM y Montes del Plata han pagado U$S 6.524.000 en 11 años al Uruguay. 

Comparar esa cifra con los niveles de venta de celulosa que informan esas empresas por más de 1200 millones de dólares anuales casi da vergüenza.

Mientras tanto, nuestro país ha tenido que asumir costos por la operación de esas zonas francas, de los que no es el menor el relacionado al control ambiental de esas plantas.

La contestación a la solicitud de información pública del expediente 2017/104718 del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) fechada el 22  de agosto de 2017 y firmada por el Sr. Director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) Ing. Alejandro Nario dice textualmente que el costo de monitoreo de la "calidad ambiental del Río Uruguay que están relacionados a la planta de UPM (2007-2016) y en el Río de la  Plata, a la de Montes del Plata (2013-2016) desde 2007 fueron USD 7.000.000aproximadamente."; (5)

Si bien se aclara en el informe que los valores son aproximados, por estar incluidos convenios por operación y mantenimiento de estaciones de monitoreo, solo la suma mencionada en el parágrafo anterior supera lo que ha recibido el Uruguay por la operación de las dos Zonas Francas Celulósicas.

A eso hay que sumarle siempre de acuerdo al informe de la DINAMA, que Uruguay ha gastado además U$S 530.000 por análisis realizados en laboratorios externos, más de 350.000 dólares por estudios de calidad del aire y U$S 37.000 para reponer instrumental ambiental y meteorológico en Las Cañas, cerca de Fray Bentos.

Reconoce  la DINAMA en el expediente citado que ha utilizado además y con el fin de controlar a las Zonas Francas Celulósicas dinero de su presupuesto anual como es el caso del uso del laboratorio instalado en el predio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) desde 2013, que costó mas de 6 millones de dólares y sumas menores para coordinar, preparar y realizar las 24 reuniones de la Comisión de Seguimiento de UPM y las 9 de la homónima para Montes del Plata.

Cabe preguntarse entonces cual es el beneficio económico para el Uruguay de esas zonas francas que procesan productos del país, con lo que su operación debe necesariamente hacerse en la zona y que no pagan para hacerlo ni siquiera lo suficiente para cubrir los costos de los controles ambientales a que obliga su operación.

¿Negocio para quien?