Dos técnicos realizaron severas críticas luego de analizar el plan de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) que presentó UPM sobre su proyectada segunda planta de pasta de celulosa en Durazno. Lo hicieron en una carta que le enviaron el mes pasado al director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario.

En líneas generales, sostuvieron que que el trabajo careció del aporte de especialistas en urbanismo, ordenamiento territorial y gestión del territorio.

La carta aparece firmada por la arquitecta Astrid Sánchez, especialista en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico de la Universidad de la República y en Evaluación Ambiental Estratégica por la Universidad Politécnica de Madrid. Sánchez y que integró  además la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente.

También fue firmada por el arquitecto Pablo Ligrone, doctor en Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Universidad de la Sorbona y director de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.

Entrevistado por Rompkbzas, Ligrone puntualizó que la nota se enmarca en el ejercicio de un derecho consagrado por las leyes ambientales, que prevén la participación ciudadana en todos los procesos previos a las autorizaciones.

Cualquier persona, dijo, tiene la posibilidad de brindar sus observaciones y críticas sobre lo actuado por el Estado en estos temas.

Ligrone advirtió que el informe ambiental estratégico contenido en la puesta de manifiesto de la revisión de las directrices territoriales de Durazno, donde estará ubicada la planta,es extremadamente precario.

Con apenas una carilla y media, "no sería de recibo para ningún otro proyecto" sostuvo, llamando a tener en cuenta que el de UPM se trata del emprendimiento más grande en la historia del país.

El punto central de la discusión es la propuesta de recategorización de cinco padrones en los que se iría a instalar la fábrica, que pasarían de rurales a suburbanos.

La pregunta, dijo Ligrone, es cómo las autoridades definieron que serán esos padrones antes de realizar los estudios para avalar su ubicación.

Eso, afirmó, no está explicado en los documentos que puso de manifiesto públicamente el gobierno.

El arquitecto advirtió que la realización de estos análisis previos son obligatorios y que, si no se hacen, la eventual autorización final a la planta será nula.

Ligrone también se preguntó por qué, si en teoría se trata de una iniciativa del Estado uruguayo, la presentación del análisis ambiental previo, difundida hace algunas semanas, la hizo la propia UPM.

Al respecto sostuvo que otra interrogante que existe es en relación al compromiso asumido por el gobierno de garantizarle en todo momento el suministro de agua a la planta.

Así está estipulado en el memorándum de entendimiento que se firmó con UPM.

Lo que no se dice, afirmó Ligrone, es cuál será el mecanismo para cumplir esa obligación en épocas de eventual sequía.

Ese procedimiento, concluyó, también debería ser evaluado e informado.